Agentes de la Policía Nacional en Córdoba desmantelaron el viernes de la pasada semana una fiesta ilegal organizada en un piso en la zona del Casco Histórico de la capital cordobesa a la que asistían una veintena de personas.
La intervención tuvo lugar en la tarde del pasado viernes cuando se recibieron varias llamadas a la Sala operativa del 091 alertando como se escuchaban ruidos y música en un piso en el centro de la capital, desplazándose varias patrullas de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana al lugar.
Una vez los agentes localizaron el inmueble comprobaron como en el interior del mismo se estaba desarrollando una fiesta de una veintena personas en la que no se respetaban las medidas higiénico-sanitarias establecidas, observando además como varias de estas personas intentaron abandonar el piso al percatarse de la presencia policial, siendo todas ellas sancionadas por incumplimiento de la normativa conforme a lo establecido en Decreto Ley 21/2020 de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, y art. 2.2 del RD 926/2020 de estado de alarma.
Las infracciones a las normas establecidas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, pueden ser sancionadas aplicando diferentes preceptos legales. Por un lado, los agentes pueden aplicar el Decreto Ley 21/2020 de la Conserjería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en la que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante la Covid-19. La aplicación del régimen sancionador previsto en este decreto-ley no excluye la responsabilidad civil, penal o de otro orden que, en su caso, pudiera exigirse al infractor.
La norma recoge que a las infracciones leves les corresponde una sanción de multa desde 100 hasta 3.000 euros. A las infracciones graves les corresponde una sanción de multa desde 3.001 hasta 60.000 euros mientras a las infracciones muy graves les corresponde una sanción de multa desde 60.001 hasta 600.000 euros.
Por otro lado los agentes podrían aplicar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Esta norma contempla que las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 601 a 30.000 euros; y las leves, con multa de 100 a 600 euros.
