El concejal de Urbanismo, Pedro García, no ha querido ocultar esta mañana su preocupación ante el escaso número de informes de evaluación de edificios (IEE), antes conocidos como la Inspección Técnica de Edificios (ITE), que se han realizado en Córdoba, a pesar de que los plazos “se nos están echando encima”.
El concejal de IU ha explicado que los edificios, al igual que los vehículos, tienen la obligación de tener que revisarse en función de los años que llevan construidos. “No es algo subjetivo que nos pueda gustar o no realizarlo, sino que es una obligación objetiva marcada por ley”, ha apuntado. Por ello, García ha dado a entender que desde la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) se va a solicitar una prórroga , a fin de que haya más tiempos para que los propietarios puedan cumplir los plazos.
De hecho, si la situación no cambia, el próximo 31 de diciembre es el último día para que un total de 1.972 edificios que tienen ya más de un siglo de existencia, además de los que cuentan con una especial protección, hayan realizado su correspondiente IEE. Evidentemente, la inmensa mayoría de esos bloques y viviendas se encuentran emplazadas en el Casco Histórico cordobés.
Propietarios ya mayores
El problema es que sus propietarios son en su gran mayoría personas ya mayores, que viven sin sus hijos y con pensiones más bien justas y podrían arrostrar reformas en sus viviendas que no son baratas. Frente a ese impedimento se encuentra, además, la amenaza de sanciones para aquéllos que se nieguen a elaborar el informe de su edificio, que bien podrían llegar a los 6.000 euros.
La ralentización de este proceso viene, en opinión de García, de “lo que hicieron gobiernos anteriores, que trabajaron bien poco en este sentido”, pero la GMU necesita “poner un poco de orden” en esta materia y una solución sería que el Gobierno central aceptara esa prórroga. Pero siempre teniendo en cuenta “la obligatoriedad de realizar las IEE”, ha advertido el también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento cordobés.
De hecho, García sí ha querido dejar claro que el Ayuntamiento cordobés no es el que ha hecho la norma, sino “que es el que hace cumplir una norma que ni puede cambiar ni modificar, sólo servir de intermediario con las otras administraciones responsables”.
