En España numerosos trabajadores y trabajadoras están siendo perseguidos y condenados por participar en las huelgas convocadas por sus organizaciones. Uno de los casos más sonantes es el de los ocho trabajadores de AIRBUS, a los que se le pide penas de cárcel inaceptables por su participación en la huelga general de 2010, o sea, por cumplir con sus obligaciones como representantes que son de los trabajadores y por ejercer un derecho recogido en la Constitución española.
Trabajadores rebeldes que no aceptaron la injusticia impuesta y tuvieron que elegir entre el paro o la pobreza; entre la precariedad o la lucha. Hechos muy graves que explican claramente la relación entre la degradación laboral y una tendencia autoritaria a confundir e identificar de manera interesada la legítima protesta social con los desordenes y los altercados públicos.
Un ejemplo de autoritarismo que supone una consecuencia más del intento de separación política entre la democracia participativa y la utilización sectaria de las leyes y las instituciones. Un autoritarismo que se comprueba diariamente en el uso partidista de los medios públicos de comunicación que pagamos entre todos, y en el espíritu de leyes como la de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, que pone en peligro libertades fundamentales en una supuesta democracia.
Esto que llamaron crisis ha sido, en realidad, una verdadera guerra. Un conflicto bélico que hemos perdido. Una guerra de los especuladores financieros contra la soberanía de las democracias, cuyo botín han sido los derechos y las libertades que nos han arrebatado a todos medidas como la Reforma Laboral o la Ley Mordaza.
Esto demuestra la relación entre la degradación laboral y una tendencia autoritaria a identificar de forma interesada la legítima protesta social con los altercados públicos
Un grave atentado contra las libertades democráticas y contra los derechos sociales que éstas llevan implícitos. El nuevo Parlamento debe llevar a cabo una revisión del Código Penal, con exclusión de los preceptos criminalizadores que han constituido la excusa para el plan represivo del poder público; se debe restaurar de forma nítida el derecho de huelga como valor central de nuestra democracia, reivindicando que los ciudadanos que lo hemos ejercitado no somos delincuentes ni súbditos: somos ciudadanos que rechazan la injusticia y la arbitrariedad afirmando el valor de la igualdad y de los derechos que derivan del trabajo.
La huelga, señores míos, no es un delito, sino una expresión inexcusable del Estado Social y Democrático de Derecho que proclama la Constitución española de legítima defensa ante el atropello de los que se muestran injustos, y negar este derecho fundamental mediante la penalización de su ejercicio retrotrae a etapas que creíamos felizmente superadas. Pero, cuya sombra, todavía persiste y se hace cada día más densa.
