Ante todo un clamor de una sociedad, el Gobierno actual en funciones sigue haciendo oídos sordos a la urgente necesidad de cambiar el rumbo de las políticas económicas y sociales del país, que nos han abocado a un aumento de la desprotección social y del empobrecimiento de buena parte de la sociedad, con especial incidencia entre nuestros y nuestras mayores. Personas muy vulnerables, que se están convirtiendo en el principal sustento (en ocasiones único) de muchas familias en nuestro país. Tan es así que las pensiones suponen la principal fuente de ingreso de más del 25% de los hogares.
Más de cuatro millones de pensionistas viven por debajo del umbral de la pobreza, de ellos tres millones cobran menos de 420 euros al mes. En este sentido, recordamos a las Administraciones Públicas su obligación de asegurar que las pensiones sean suficientes para vivir dignamente y exigimos una mejora de las cuantías de las mismas, tanto contributivas como no contributivas. También subrayamos que el sistema público de pensiones es perfectamente sostenible; aunque para ello es necesario un mercado de trabajo con empleos dignos y de calidad y con salarios suficientes, y una reforma fiscal justa y progresiva que refuerce los ingresos del sistema por la vía impositiva, complementando los ingresos por cotizaciones sociales.
La actitud del Gobierno, que lejos de mejorar los ingresos del sistema público de pensiones ha optado por sobre utilizar el Fondo de Reserva mediante la suspensión de los límites máximos de disposición que preveía la Ley, ha dado lugar a su consumo de forma anticipada. Especialmente grave es la reforma de las pensiones impuesta por el Gobierno del PP unilateralmente en el año 2013, que solo busca disminuir el gasto en pensiones por la vía de la reducción de su poder adquisitivo, mediante el factor de sostenibilidad y la nueva fórmula de revalorización.
Mientras se sigue gobernando para llevar más riqueza a los ricos y sumir en la miseria a las mayorías, seguiremos reclamando otras políticas dialogadas en el ámbito de la comisión del Pacto de Toledo para que se pongan en marcha medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema público de pensiones, la sustitución del Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) por una fórmula pactada en el marco del diálogo social, Una Renta Mínima estatal para mejorar el sistema de protección social, el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, la Implantación plena de la Ley de Dependencia, una reforma fiscal con un tipo superreducido del IVA para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y energía, medidas eficaces contra la pobreza energética,…
En fin, esperamos que este Gobierno o él que “vendrá” la próxima legislatura, abra los ojos y vea con claridad la dramática situación que viven muchas familias sin recursos en nuestra sociedad. Mientras tanto seguiremos dependiendo de la mísera pensión de nuestros abuelos/as.
