• Miércoles, 13 de Diciembre de 2017

Horizonte accesibilidad

El domingo 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Discapacidad, bajo el lema “Sin accesibilidad universal, no hay derechos humanos para las personas con discapacidad” y con todas las miras puestas en el día siguiente. El día 4 de diciembre de 2017 es la fecha tope que nos dimos como país para que todos nuestros productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles. Para cumplir con el mandato legal contenido en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social.

Todo el movimiento asociativo en torno a la discapacidad tiene previsto iniciar una campaña de denuncia de incumplimientos ante situaciones discriminatorias por falta de accesibilidad universal, en todos aquellos ámbitos en que se pongan barreras a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Por desgracia, toda esta campaña quedará diluida por las noticias relativas al día de la Constitución, y por el inicio de la campaña electoral en Cataluña.

Siempre sucede así, la discapacidad nunca ocupa el primer plano de la agenda política. Es cierto que ha habido algunos logros recientes, a rebufo del estrenado carácter legislativo de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso de los Diputados. Esto ha permitido eliminar algunas discriminaciones que existían en nuestro ordenamiento jurídico, como el que las personas con discapacidad debían presentar un certificado médico antes de prestar su consentimiento para contraer matrimonio, o la imposibilidad para ser miembros de un jurado con los apoyos que sean necesarios. Y en la actualidad, el Congreso tiene previsto incorporar la recuperación del derecho a voto para todas las personas con discapacidad, sin exclusión, a la reforma de la Ley de Régimen Electoral.

Todas las discriminaciones citadas y las que todavía persisten producen en la practica la llamada “muerte civil”. Una situación de pérdida o privación de derechos y libertades provocada por una tradición legislativa en exceso garantista y proteccionista, que tiene que adaptarse de manera urgente a los postulados de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en nuestro país desde 2007. En España tenemos que transitar de instituciones como la tutela o la curatela, en las que se sustituye la voluntad de la persona con discapacidad, a nuevas instituciones de soporte o ayuda en la toma de decisiones, en las que prime su voluntad. La protección nunca puede ser limitativa de derechos y libertades.

Los objetivos de plena inclusión, superado el obsoleto concepto de integración, son tarea de todos. Igual que no debemos tolerar y tenemos que denunciar casos de violencia de género, corrupción o cualquier otro delito, debemos hacer lo propio con la falta de accesibilidad física, sensorial o cognitiva de nuestros edificios públicos y entornos de ocio, culturales y deportivos. La ciudadanía puede presentar sus quejas, debidamente documentadas, a través de la página Horizonte.Accesibilidad.4.12.2017 de Facebook, en el perfil @H_Accesibilidad o en el email horizonteaccesibilidad2017@cermi.es.