Federación de empleados y empleadas de los Servicios Públicos

UGT denuncia la política de la Junta de no querer cubrir "cientos" de plazas vacantes

Esta "amortización" por parte de la Administración autonómica está mermando la calidad del servicio, según el sindicato

UGT servicios de la Administración
photo_camera Manuel Jiménez e Isaías Ortega, de la Federación de empleados y empleadas de los Servicios Públicos de UGT

Desde la entrada en vigor de la Ley 3/2012 de reequilibrio económico, la Administración andaluza ha amortizado cientos y cientos de plazas, lo que está afectando a la calidad de los servicios públicos, amortiguada por la profesionalidad y el buen trabajo de los empleados públicos, según ha denunciado el sindicato UGT a través de un comunicado.

"Lamentablemente llevamos años sufriendo la carencia de personal de Administración y Servicios en una gran mayoría de centros de trabajo dependientes de la Junta de Andalucía", ha insistido el comunicado.

Estas vacantes recogidas en la relación de puestos de trabajo, según UGT, no son cubiertas y son cada vez más numerosas, creando situaciones de muy diferente índole. Así, se produce asunción de funciones del personal inexistente por otro personal de distinta categoría e incluso otro personal que no tiene competencias para ello, hay una multiplicación de las tareas laborales entre el resto de personal deteriorando las condiciones laborales, se provoca estrés laboral continuado, una acumulación de trabajo sin ser resuelto, el incumplimiento de la legislación laboral, la mala atención a la ciudadanía y, por ende, una bajada de la calidad de los servicios públicos.

Numerosas denuncias

Desde la Federación de empleados y empleadas de los Servicios Públicos de UGT Córdoba (FeSP-UGT) "hemos denunciado por activa y por pasiva estas situaciones en todos los órganos de representación competentes, en prensa o mediante la movilización sin obtener ninguna respuesta". Por todo ello, "exigimos a las diferentes administraciones competentes a cubrir todas las plazas vacantes, mantener la tasa de reposición, erradicar los contratos precarios y restituir las plazas privatizadas en públicas, todo a favor de mantener la calidad de los servicios públicos".

En este sentido, considera que estas prácticas de no cobertura de vacantes vienen a incumplir la legislación en materia de selección de personal y provisión de puestos de trabajo, además de conculcar los derechos y deberes de todo el conjunto de los trabajadores afectados y el deterioro de la calidad de los servicios públicos.