El campo está revolucionado. Mejor dicho, está harto de que la rentabilidad del trabajo en las fincas y explotaciones se las terminen embolsando los intermediarios, las distribuidoras y las comercializadoras, y por eso el próximo día 14, coincidiendo con San Valentín, se ha organizado una buena tractorada en Lucena para reclamar que 'sin precios justos, el campo no tiene futuro', aunque también tendrá lugar hoy mismo en Adamuz para congregar allí a los de la Sierra, ya que la Subbética les queda un poco lejos para poder acudir el viernes a velocidad de tractor.
Aunque el eslogan es suave para no herir susceptibilidades, hay otras frases que resumen a la perfección el sentir generalizado de agricultores y ganaderos: 'Si el campo no produce, la ciudad no come' o 'Al menos una vez en la vida necesitamos de un abogado, un médico o un arquitecto, pero tres veces al día necesitamos de un agricultor'. Forman parte de una campaña realizada a través de las redes sociales desde Extremadura con la idea última de animar a comprar al que tenga una huerta y no al que lo traiga desde el otro lado del mundo.
Una iniciativa que en Córdoba sería "perfectamente asumible", en palabras del cordobés Miguel Cobos, secretario general de UPA a nivel andaluz, ya que los precios de las lonjas son muy similares de una zona a otra, al tiempo que los que tiene que desembolsar el consumidor tampoco varían tanto.
Una inmensa diferencia
Pues bien, la media entre los precios de producción y los finales en productos de campo es de un 578% más, con picos de un 700%, como es el caso de la patata, o de un 625% para la cebolla. Para que quede más claro si un kilo de patatas se compra en el campo a 0,15 euros, el consumidor final paga por ese mismo kilo 1,20 euros.
Otros productos muy cordobeses son la naranja, que pasa de los 0,23 euros el kilo en origen a los 1,55 euros al final (un 574% más), la aceituna de mesa, que pasa de los 76 céntimos por kilo a los 4,81 euros, lo que supone una diferencia del 533%, o el ajo, con un precio inicial de 82 céntimos por cada kilo y pasan a los 5,35 euros para el bolsillo del consumidor.
Frente a eso, "el consumidor también puede protestar o, por lo menos, ser conscientes de lo que está pasando", señala Cobos, quien añade que a la Administración "lo que le pedimos es que abra los ojos y apriete en la medida de sus posibilidades, que las tiene, a la cadena de producción".
Otra cuestión que está en manos de los consumidores es que en aquellos lugares donde se puede, es decir en ciudades medianas y pequeñas, así como en los pueblos, "se compre directamente a quienes lo producen". Algo que, por ejemplo, no se puede hacer ni en Madrid ni en Barcelona por razones obvias, pero ahí sí que pueden "consumir productos locales" o, por lo menos, lo más cercanos a ellos, en plan 'kilómetro cero', que es lo que quiere fomentar el Ministerio de Agricultura en manos del cordobés Luis Planas.
Apoyo de los sindicatos
En esta lucha los agricultores, que no dejan de ser la patronal del campo (UPA, Asaja y Coag), no están solos. También los sindicatos CCOO y UGT entienden perfectamente la protesta de los productores, ya que, entre otras cuestiones, el precio repercute directamente en los salarios de los jornaleros.
"Es importante que los consumidores tengan información sobre la cadena de producción de los alimentos que consumen para que puedan elegir qué y cómo consumir, pero echamos en falta que no se haga referencia a lo que ganan los trabajadores y trabajadoras del campo, porque la bajada de precios tiene repercusión en las personas trabajadoras, no sólo en los agricultores, que en muchos casos ni siquiera pagan el salario mínimo interprofesional, SMI, no de este año, sino del 2019, que era de 900 euros", señala Agustín Jiménez, secretario de Industria de CCOO de Córdoba.
En este sentido, el líder sindical asegura que CCOO quiere precios justos y dignos para el agricultor y el ganadero, de ahí que el sindicato haya respaldado sus protestas. "Pero esos precios también tienen que trasladarse al empleo y de eso no oímos hablar", se lamenta. En su opinión, la subida del SMI, "no es la causante de los problemas de los agricultores", por lo que los bajos precios tienen otro origen que no son los trabajadores, y "eso debe quedarle claro a la sociedad y estas campañas no hacen referencia ninguna a las precarias condiciones que soportan muchos trabajadores y muchas trabajadoras del campo y también de esas cadenas de distribución que son las que imponen los precios y las más beneficiadas".
También, Pedro Téllez, secretario general de UGT-FICA Córdoba, afirma entender que "el problema más urgente es la absoluta falta de un precio justo que permita, al menos, cubrir los costes de producción", y "son necesarios una serie de cambios legislativos que deben abordarse de forma urgente".
Modificaciones por ley
Esas modificaciones afectarían a la venta a pérdidas (dumping), para que "se reconozca y establezca como práctica abusiva, y por tanto prohibida, a lo largo de toda la cadena agroalimentaria"; los precios justos por ley para cada uno de los productos agrarios perecederos; índices de costes de producción en los contratos, como sucede en Francia o Italia; sanciones ejemplares y públicas a los que abusen; la actualización constante de los estudios sobre los costes de producción; el etiquetado obligatorio en origen, o la venta directa, "con medidas que regulen y faciliten" esta práctica.
Por lo pronto, Miguel Cobos señala que la profesionalización del campo, con sueldos dignos (40 euros en España frente a los 9 que cobran en Marruecos los jornaleros) permite contar con un control sanitario y de calidad en la producción que no existe en muchos otros países y eso necesita tener un reflejo en el bolsillo del productor.
"Unos 3.000 tractores y otros 2.000 todoterrenos esperamos concentrar en Lucena", procedentes en caravana desde localidades como Castro del Río, Baena, Fuente Palmera, Santaella o Villa del Río, que acabarán cortando la autovía A-45, tras solicitar el pertinente permiso a la Subdelegación del Gobierno.
Hoy será algo menor la concentración de vehículos desde el Valle de Los Pedroches, Montoro, el Guadiato y otros rincones de la Sierra hasta Adamuz, pero la protesta será igual de efectiva para hacer llegar el mensaje a los consumidores y a las administraciones de que esta tensión permanente tiene un limite y que el abandono de la actividad por falta de seguridad es un riesgo muy real.
