La red de alojamientos registrados en la página Airbnb podrían beneficiar al turismo de la ciudad de Córdoba. Así lo manifiesta el consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Enrique Javier Benítez, quien ha realizado un estudio al margen de su labor profesional sobre la evolución y reglamento de diversas manifestaciones de economía colaborativa, como Blablacar o Airbnb, presentado recientemente en una conferencia en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Según la información recopilada por Benítez, en Málaga se han rehabilitado entre 17 y 20 edificios antiguos gracias a las posibilidades que ofrece Airbnb de aprovechar los inmuebles. Y la oferta hotelera convencional sigue creciendo. Además de esta influencia en la rehabilitación de zonas degradadas, en el caso de Córdoba, donde el precio medio de los hoteles es alto en comparación con destinos cercanos de interior, estos alojamientos podrían incrementarse y ofrecer una alternativa positiva. A esto hay que sumarle un dato añadido: pese a lo que se podría pensar a priori, la clientela de Airbnb suele de un nivel económico, o al menos formativo, más alto que el público cliente de hoteles (siempre hablando de promedios). «Airbnb se basa en la confianza y en la tecnología, dos elementos que están más presentes en personas con cierta cultura». Potenciales rehabilitaciones, competencia a mejor precio y turistas de mayor nivel cultural. ¿Puede ser esta controvertida página u otras similares futuros acicates para una capital que vive del turismo y que mantiene el sempiterno problema de las escasas pernoctaciones, revitalizadas sin embargo en los últimos dos años?
De momento es pronto para saberlo. En Andalucía hay unos 20.000 alojamientos en oferta. Entre Sevilla y Málaga hay una oferta de unos 10.000 alojamientos completos en Airbnb (además están, por ejemplo, las habitaciones y las habitaciones compartidas). En la provincia de Córdoba la oferta de alojamientos está entre 1.000 y 1.200 según ha podido comprobar Benítez, para quien lo básico está en la regulación. Ahí una frontera donde la economía colaborativa pasa a ser competencia desigual. «Airbnb ya no es una empresa de economía colaborativa, sino una multinacional que vale en bolsa 40.000 millones de dólares, más que la cadena de hoteles Hilton y que ha convertido en una plataforma de intermediación en el mercado de la vivienda turística» .
¿Cuáles deberían de ser los requisitos para hablar con rigor de economía colaborativa en este caso? «La vivienda debe ser la habitual de quien la oferta, ha de ser un complemento de la renta -no dedicación completa-, el dueño debería vivir en ella y compartir su espacio, y junto a eso habría que pagar impuestos», explica Benítez. «De otra forma hay un plano de desigualdad en la competencia, se enfrentan particulares a profesionales que han de cumplir muchas exigencias; las consecuencias de la falta de regulación pueden ser una pérdida de la calidad del servicio y un empobrecimiento de las relaciones laborales donde el eslabón más débil de la cadena siempre va a ser el trabajador».
Al contrario se presenta otro problema. La entrada del reglamento puede desvirtuar la economía colaborativa, transformándola en un sector profesional más. ¿Cómo mantener el equilibrio? En el caso turístico hay comunidades autónomas que han regulado mediante decretos el uso turístico de las viviendas. En el caso de Andalucía se encuentra paralizado. Cataluña fue la primera en ese sentido, no sólo en España, sino en la UE. Limita, por ejemplo, el tiempo de explotación a cuatro meses, no necesariamente consecutivos, el turista puede estar como máximo 31 días, las viviendas tienen que estar en un registro y cada Ayuntamiento decide en qué áreas de la ciudad puede ofrecerse esta actividad. El dueño tiene que vivir allí y sólo puede prestar el servicio de desayuno. En cuanto a pisos que se ofrecen en arrendamiento, Cataluña ha resuelto que son viviendas de uso turístico. En otros lugares ha habido ahí más permisividad: «En San Francisco han pedido tres requisitos a Airbnb: que como mucho la vivienda esté en alquiler 75 días al año, que pague el taxroom, un impuesto que tienen los hoteles por habitación, y el propietario no puede ofrecer más de tres pisos simultáneamente». Y es que con la cantidad de pisos vacíos existente, muchos pertenecientes a bancos o a particulares y empresas que cuentan con muchos, el negocio en estas plataformas estaría asegurado.
El caso de Madrid es un ejemplo distinto. El decreto reguló la estancia vacacional a un mínimo de cinco días y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia lo ha recurrido por considerar que no se puede poner una estancia mínima. «En la Costa del Sol los hoteleros pidieron también esa estancia mínima, pero ante el recurso parece que la línea a seguir no va a ser tan restrictiva».
Enrique Javier Benítez concluye: «Mi hipótesis es que si los hoteles de Córdoba no ajustan un poco sus precios al mercado y los mantienen altos pueden acabar generando esta oferta alternativa. Los hoteleros de Córdoba deberían pensar que estancias más largas son buenas para la ciudad». De momento, esa ciudad y el resto de las andaluzas están pendientes de un decreto que puede convertirse en una pieza importante del engranaje económico del turismo, sector que, utilizando la expresión popular, "tira del carro" en exclusiva de una capital castigada por un paro muy acusado.
