Unos 60 letrados de la Administración de Justicia de Córdoba, de los que 40 son de la capital, se han concentrado esta mañana, al mediodía, en la puerta principal de la Ciudad de la Justicia, para reivindicar al Ministerio de Justicia que "de manera impostergable, y conforme a los compromisos adquiridos, acometa la mejora de sus condiciones laborales y retributivas, y del servicio público de la Justicia eficiente y de calidad que merecemos como ciudadanos".
Se trata de una medida de protesta en respuesta a la llamada de la Asamblea del colectivo en Madrid y a la que unos 1.500 profesionales decidieron secundar ésta y otra serie de medidas que se irán realizando en el tiempo.
Según un comunicado difundido por los profesionales cordobeses, los letrados de la Administración de Justicia, como Cuerpo Superior Jurídico del Estado, fundamentalmente desde la Ley 13/2009, de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, "venimos asumiendo de manera incesante nuevas funciones y responsabilidades que han supuesto una nueva redistribución de competencias y de carga de trabajo con jueces y magistrados". Eso supone, a la postre, que el 90% del trabajo ordinario de los juzgados y de la gestión del proceso sea asumida directamente por ellos, tal y como evidencia el número de resoluciones firmadas electrónicamente por unos y por otros.
Sin embargo, esta "extraordinaria nueva carga de trabajo" no se han visto recompensada en ningún momento en su salario. Por contra, es el cuerpo de funcionarios del Estado al que más responsabilidades se les exige a cambio de menos retribución. Eso implica que se mantenga en el tiempo una "insostenible situación de discriminación salarial 'horizontal' con otros funcionarios del Grupo A1 de la Administración del Estado (aproximadamente un 26% menos) y 'vertical' con respecto a otros cuerpos de funcionarios de la Administración de justicia tanto de ámbito transferido como no transferido".
A eso hay que añadirle, además, la pérdida de poder adquisitivo, como consecuencia de los recortes sufridos durante los últimos ocho años. Por esta razón, exigen que el Ministerio "de forma inaplazable se aborde la necesaria adecuación de nuestro salario a la categoría profesional a la que pertenecemos, a las responsabilidades y funciones asumidas y a la dignidad de las mismas, que de ninguna forma puede darse como atendida con el reciente anuncio de subida salarial consensuada entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos para toda la Función Pública".
Otros puntos que el colectivo reclama son la adecuación salarial del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia, como compensación debida a las nuevas e innumerables funciones asumidas desde el año 2009; el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva diferenciada como personal directivo de la Administración de Justicia; la obligatoriedad de trámite de audiencia previa a las asociaciones profesionales en todas aquellas materias que afecten al estatuto orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia; la adecuación de nuestro Reglamento Orgánico a las modificaciones de la LOPJ del año 2015 en materia de categorías y escalafón profesional y el estudio e implantación de unas cargas máximas de trabajo y la adopción de medidas preventivas frene a los riesgos psicosociales.
De igual forma, plantean el desarrollo definitivo de la Nueva Oficina Judicial, a cargo de los Letrados de la Administración de Justicia como directores de la misma, que sólo permitirá superar un modelo de administración de justicia anquilosado e inoperante en beneficio del ciudadano si es dotada de los medios personales y materiales indispensables.
La implantación del expediente digital de forma útil y operativa; la implantación de un Registro Civil de calidad y público, a cargo de los Letrados de la Administración de Justicia bajo el modelo previsto en la Ley 20/2011; la implantación de un sistema de estadística judicial que obtenga datos exclusivamente de los programas informáticos de gestión procesal, así como un plan de inversión suficiente y prolongado a fin de conseguir un servicio público que asegure la calidad de la respuesta, rapidez en la resolución y garantías de los derechos fundamentales, todo ello en el marco de un organización judicial rigurosa y eficiente, la modernización de los edificios judiciales y el incremento del número de Letrados de la Administración de Justicia, equiparándolo al de Jueces y Magistrados, convocando al menos 250 plazas en cada uno de los próximos cuatro años, rematan su reivindicación.
En caso de que sus reclamaciones no sean atendidas, las asociaciones profesionales pondrán en marcha medidas de conflicto laboral, incluidos los paros y la huelga, advierten en su comunicado.
