Se acaba de renovar el principal órgano de participación ciudadana en la ciudad, el Consejo del Movimiento Ciudadano, con Juan Andrés de Gracia, al frente. Alguien que ha profundizado en las últimas décadas en materia vecinal y de ciudad y que tiene las ideas de la utilidad que tiene la participación... Siempre que el Ayuntamiento se lo tome en serio.
¿Su llegada a la presidencia del Consejo del Movimiento Ciudadano va a ser un soplo de aire fresco o será de corte continuista?
La Federación de Vecinos Al-Zahara, de cuya directiva todavía formo parte, tenía como prioridad mantenerla y recuperarla, y ahí pensamos que hemos un buen trabajo. Ahora, con el nuevo equipo de gobierno se procede a la renovación de los órganos de participación, y nos ha parecido que se ha hecho un trabajo bastante correcto y muy de acuerdo a lo que marca el Reglamento, y de ahí hemos visto que era posible darle un nuevo impulso. Así que eso es lo que haremos: darle un nuevo impuso al Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), siempre que el gobierno municipal crea en la participación.
El Reglamento de Participación es una obligación jurídica que tiene Córdoba asumida y demandada por Ley y si no se cumpliera iríamos incluso a los tribunales
¿Cómo va a llevar a cabo eso?
Cómo lo vamos a llevar, porque esto no es un trabajo exclusivamente personal, sino que es una decisión de la propia Federación y de un colectivo. Cuando Pepe Rojas decide que él no quiere encauzarlo, yo dije estar dispuesto, Así que entré en contacto con los sectores ciudadanos representados, tanto sectoriales como territoriales, y vi que había ganas de darle un impulso. Por eso, la idea es que el CMC sea lo que marca el Reglamento de Participación Ciudadana. Ése va a ser el reto fundamental. El Consejo no es un organismo como tal, sino más bien un órgano de participación y su trabajo es servir o ayudar a gobernar al Ayuntamiento. En eso vamos a estar. No va a servir como sustituto del trabajo que tiene que hacer cada entidad o cada organización. Al contrario, nos ponemos al servicio de cada organización, fundamentalmente las territoriales, que son los consejos de distrito, pero también de las federaciones.
Para eso es fundamental lo que comentaba antes: que el Ayuntamiento esté por la labor.
Bueno. Es la primera vez que en una renovación del CMC el Ayuntamiento de Córdoba quiere estar presente directamente, y a nivel de máxima autoridad, como fue la alcaldesa. Y ahora, una vez constituido el Consejo, el nivel político no forma parte de él. Tenemos esa idiosincrasia personal, que no existe en otras ciudades y que es que en Córdoba los órganos de participación fundamentales, tanto el Consejo Social Municipal como el Consejo del Movimiento Ciudadano, no cuentan con presencia política, sino con presencia social exclusivamente. Pero parece que hay la intención de confiar en el Consejo. Nosotros vamos a defender tres cosas: que realmente nos doten de medios, que tengamos tiempo para trabajar y que se cumpla realmente el Reglamento de participación. El primero no significa mucho más de lo que ya tenemos. Se trata de que tengamos los medios básicos que debe de tener una entidad que vive del voluntariado y que necesita que por lo menos que esto no le cueste dinero en los trabajos mínimos y tenga un personal mínimo. Una persona por lo menos para que pueda realizar las tareas administrativas básicas en horario de mañana y el resto lo hacemos nosotros con carácter voluntario.
¿Y qué ha querido decir con más tiempo?
Si vamos a seguir con mecanismos de participación donde los papeles que se han pasado meses elaborando técnicos cualificados nos los dan 48 horas antes para conocer nuestra opinión, como ocurre en los consejos de administración de las empresas, realmente la participación deja mucho que desear y no se da una confianza en la situación. Si nos los dan con tiempo nuestras aportaciones podrán ir ya en el momento que lo presenten.
En cuanto al reglamento, ¿hasta ahora no se ha cumplido?
Se trata de una tercera pata importante y básica para nosotros, que ha sido ignorada, no sé si conscientemente o no. Que yo sepa contamos con un elemento realmente revolucionario de participación, que son las Memorias Participativas que apenas funcionan. Consisten en que no puede haber ni una sola medida que adopte el Ayuntamiento ni ninguna de sus empresas u organismos autónomos que no se detalle interiormente qué proceso participativo se ha seguido para tomar esa decisión. En todos los temas importantes, como los presupuestos municipales, ordenanzas, material para hablar con los consejos de distritos, las federaciones, los consejos locales o sectoriales oportunos, en cada programa municipal tiene que detallar cuál ha sido el proceso de participación. Si participamos, la gestión es más eficaz y sobre eso tenemos que convencernos todos.
Hasta en nuestros peores momentos de participación ciudadana, Córdoba ha sido modélica y pionera
Eso es un poco volver a la filosofía inicial de la participación, en la que Córdoba que fue pionera y que en los últimos tiempos se ha acabado diluyendo.
Pues tengo que decir que en el peor de los momentos de la ciudad de Córdoba la participación ha sido modélica en comparación con otras ciudades. En el resto de Andalucía siempre se han asombrado de algo tan simple pero que está tan asumido en Córdoba como es que pudiéramos estar presentes en los plenos municipales para dar nuestra opinión. Hasta en nuestros peores momentos hemos sido pioneros. Lo que ocurre es que estos mecanismos a veces se han quedado un poco aislados y alejados de la gente. A la gente le cuesta un poco a veces entender realmente qué son estos organismos y sobre todo les cuesta trabajo entenderlos a los propios colectivos que deberían formar parte de ellos. Hay que tener por eso un proceso permanentemente educativo de lo que son estos órganos para que la gente los sienta suyos. Y es lo que creo que ahora vuelve a pasar: muchos colectivos vuelven a entender de nuevo el sentido de estos órganos.
¿También en el Ayuntamiento?
Una de las cuestiones que tenemos que hacer es que todos los organismos y empresas municipales tienen que creerse también el Reglamento de Participación. No es algo que lleve sólo la delegada de Participación o en todo caso la Alcaldía. Es un elemento orgánico que ha sido aprobado al mismo rango que el propio Reglamento de Pleno. Está hecho por la Ley de Grandes Ciudades que obliga a que funcionen estos reglamentos orgánicos. Nosotros ya lo teníamos y ahora lo que hacemos es perfilarlo jurídicamente y su no cumplimiento se puede requerir en los tribunales de justicia. Eso no lo saben muchos concejales, que piensas que esto es como reunirse en plan alegre con los vecinos y con las peñas o los colectivos culturales. No. Eso es una obligación jurídica que tiene Córdoba asumida obligatoriamente y demandada por Ley y, si fuera necesario, yendo incluso a tribunales, lo haríamos si realmente viéramos una burla, aunque no lo esperamos tampoco. Éste va a ser un punto diferencial de este equipo actual. Vamos a intentar que se crean que esto no es una cuestión de moda o de oportunidad, sino que es una obligación legal.
¿Ese reglamento hablaba de adaptarlo a las nuevas realidades sociales y movimientos que fueran surgiendo?
El reglamento es más avanzado incluso que la realidad social actual. El reglamento habla incluso de coordinadoras y plataformas, de comisiones temporales, de consultas populares y de todo lo que ahora se puede decir que es más avanzado. El debate planteado últimamente por algunos partidos pidiendo la participación directa con algunas consultas ya los teníamos en nuestro reglamento. El problema es que ojalá se cumpliera.
Como el Reglamento de Participación no se lee y está en un cajón, generamos procesos participativos de boquilla que no funcionan
¿Cuál es el problema real?
Hay colectivos que no quieren participar o bien no existe una realidad para que participen. Por ejemplo, hay hueco para colectivos de inmigrantes, pero nadie quería participar y se ha tenido que hacer un sorteo para ver quién del Consejo Local el Inmigrante iba a participar. Tenemos cuatro o cinco tipos de sectores que ahora mismo no participan. Ahora, en lo que tiene que pringarse el Consejo es en hacer ver a todos que este proceso de renovación no es un punto final, sino de inicio y dentro de cuatro años tenemos que estar mejor que ahora. ¿Habrá que modificar algo? Primero apliquemos el Reglamento, porque no se han aplicado las consultas, ni las Memorias Participativas, ni la relación con la plataforma de coordinadoras... Este Reglamento es muy avanzado, pero está guardado en el cajón y no se lo leen. Eso provoca que en cuestiones de movilidad tenemos seis mesas diferentes y ninguna funciona. Tenemos que tener obligatoriamente una comisión de seguimiento del PGOU, otra el Plan Especial del Casco, otra del Plan de Accesibilidad y ninguna funciona desde hace seis años, ni interesa que funcionen. Generamos procesos participativos de boquilla.
En materia de ciudad, ¿dónde van a poner el acento?
En lo social. Es el gran problema que tenemos ahora. El nivel económico y el nivel de acceso a los derechos básicos han variado muchísimo. Las entidades hemos vivido, hasta hace siete u ocho años, una situación ascendente donde cualquier actividad no había problema en apoyarla. Eso se ha acabado. El derecho del agua es fundamental, tanto para gente desahuciada, emigrantes o gente que venga de fuera y nuestros propios vecinos que siguen sin tener derecho al agua como son las casas que no lo tienen en parcelas de la ciudad. Tenemos que hacer también un rescate colectivo y eso significa que los colectivos sociales necesitan recursos también para seguir vivos. Hablamos de colectivos y personas, a AMPAs, a entidades culturales, las peñas, las comerciales, las vecinales, a todo tipo de entidades. Significa restarles problemas burocráticos, darles recursos y confiar en ellas. Lo segundo es el equilibrio de la ciudad. Cada zona tiene su propia idiosincrasia, pero a todas hay que tratarlas con los suficientes recursos y al final haya un equilibrio territorial suficiente y real. El Casco y la periferia van a ser fundamentales para nosotros.
¿En qué sentido?
El Casco se está viendo ahora agredido por el resto de la ciudad y allí se nos ocurre hacer todo tipo de actividades en contra de lo que marcaba el propio Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PEPCH). No podemos tener un casco masificado, lleno siempre de actividades a corto plazo hosteleras que lo van a degradar día tras día y donde ya los vecinos pueden vivir ni los comerciantes pueden hacer su trabajo en condiciones. Hay que buscar otro tipo de Casco. Y tenemos que integrar a la periferia. No puede seguir aislada.
Dentro de ese equilibrio hay proyectos como el '50 obras 50 barrios' o 'Mi barrio es Córdoba'. ¿Qué le parece?
El programa '50 obras' no estuvo mal desde el punto de vista participativo. Chocó en algunos sitios, posiblemente porque no todos los concejales están dispuestos a aceptar la participación. En Poniente Sur estuvimos totalmente de acuerdo con el proceso que hizo el anterior gobierno municipal pero sabemos de otros sitios, como Sureste, donde no hubo ese entendimiento. El proceso actual de 'Mi barrio es Córdoba' me ha parecido muy correcto y adecuado a lo que marca el Reglamento, sabiendo que los plazos deben ser breves, pero se han respetado los distritos y nos parece muy sensato que la concejala Amparo Pernichi diga que su nivel de interlocución sean los consejos. Vamos a estar dispuestos a colaborar en las iniciativas que tengan desde participación sobre los nuevos procesos de democracia presupuestaria y vamos a estar abiertos siempre sabiendo que no se pueden cometer los errores que se cometieron con los presupuestos participativos hace 15 años.
Que el Ayuntamiento tenga que pagar los costes del servicio del agua para las parcelaciones es un bulo que se sigue diciendo hoy por ahí
¿Las parcelaciones, tal y como están a día de hoy, van a tener un final feliz de cuento?
Eso es un tema en el que tenemos mucho trabajo. Se nos dijo hace 15 años que la solución tenía que derivar a un sistema basado en la legislación urbanística, y pasado ese tiempo se ha demostrado que ni parcelaciones de hace 40 años se han solucionado. Esto es un proceso que no va a ningún lado. Hay una urgencia que son los servicios básicos. Tanto para los que viven allí de forma permanente o tengan una segunda vivienda a corto plazo, y primero a todo aquel que está en proceso de legalización, tenemos que seguir trabajando en bajarles los costes. Nadie ha dicho nunca que el Ayuntamiento pague los costes. Eso es un bulo que se sigue extendiendo y ni el movimiento ciudadano ni el movimiento ha dicho nunca que los costes vayan a correr a cargo de todos, en absoluto. Siempre hemos planteado que los costes tienen que correr a cargo de los beneficiarios que se fueron a vivir a esas zonas irregulares, pero hay que bajarles los costes. Hay que agilizar al máximo los procesos en los que están y ayudarles para que puedan ser legales cuanto antes.
¿Y los que no tengan una solución para legalizarse?
Son las casas las que se van a seguir siendo ilegales urbanísticamente, pero las personas que están allí no son ilegales y tienen derecho a unos servicios básicos, fundamentalmente el derecho al agua. Y tenemos que buscar la forma de darles el agua como derecho humano y derecho básico y constitucional. Y de ahí no nos va a sacar nadie. No estamos hablando de que se le legalice la instalación, y el agua cuando la reciban tendrán que pagarla, y la obra de canalización también.
Otro caballo de batalla del movimiento vecinal son los ascensores.
Es un gran problema que ha generado la Junta, a la que le pido que no tenga la cortedad de miras de que cuando alguien critica alguna actuación cierre las puertas. Ahora mismo la Administración andaluza está muy enfadada con los planteamientos vecinales sobre ascensores, parcelaciones o ayuda al alquiler. No sé si pretenden que cuando promueven ayuda al alquiler para 2015 y las pagan para julio de 2016 tenemos que decir que estamos contentos. Y como eso, los ascensores. Sigue habiendo 40 convenios firmados por la propia Junta asumiendo que los iban a hacer y siguen sin cumplirse. Después hay otros 400 que ya dicen que quieren cortarlos y que se inicie otro procedimiento nuevo con otras características nuevas. Eso no. Podemos entender que no se hagan todos, pero por lo menos que empiecen a atender a algunos. Tenemos informes de otros muchos más que posiblemente tengan derecho y, leyendo la normativa y los papeles que aceptaron los proyectos, puede que haya más que tengan derecho. Todos posiblemente no, pero jurídicamente habrá más, seguro, y algunos van a ir a niveles jurídicos, porque vemos que políticamente no hay solución por más que se ha intentado. Irán a los tribunales y estarán obligados a atenderlos.
Algunos proyectos sobre ascensores y rehabilitación de edificios van a acabar en tribunales, porque no se ha dado solución política por la Junta
¿Qué medidas se proponen desde el movimiento ciudadano para hacer del Casco Histórico una zona habitable?
En este nueva etapa el Casco va a ser fundamental, porque tiene un montón de problemas y habría que darle soluciones en tres aspectos. Lo primero, con un Plan de Accesibilidad y Movilidad definitivo que todo el mundo respete. De hecho, hay uno guardado en el cajón y aprobado por unanimidad tras un proceso participativo intensísimo, pero que ahora nadie contempla, aunque ahora nos ponemos a innovar sobre algo que ya dijimos hace una década. En definitiva, ese plan tiene que deje claro quién puede entrar, quién no, dónde se puede aparcar y dónde no o si la Rivera va a ser o no peatonal. Pero todo desde la seriedad. Segundo, el tema de los usos del Casco, que ha sido uno de los mayores fracasos que ha existido. De hecho, el PEPCH hablaba de que no podía haber más de 30.000 o 35.000 personas allí, que es lo que nuestro Casco puede, razonablemente, aceptar para mantener zonas libres suficientes y no ir a un incremento de edificación. Pues esto que se ha conseguido desde el punto de vista de la limitación de la edificación se ha roto por la vía del uso transeúnte o provisional. Así, se han llenado todas las calles, todas las plazas, todos los espacios creados de mesas, de sillas, de procesiones o marchas reivindicativas. Se usa el Casco como la gallina de los huevos de oro con el objetivo de sacarle al turista cuanto más dinero y más rápidamente, mejor, y nuestro casco no resiste esa masificación. Por último, hay que hacer un plan fiscal específico que incentive a la gente a ocupar el Casco, porque no podemos pensar que todas las personas que se van a vivir allí son potentados.
