La delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta en Córdoba, Araceli Cabello, ha señalado que "la agilización y simplificación de los trámites administrativos y una reducción de la burocracia repercute en una mejora de la competitividad del sector agrícola y ganadero".
En una nota se ha referido a la aprobación en Consejo de Gobierno de la formulación del Plan de Competitividad de la Agricultura, la Ganadería, la Pesca y el Desarrollo Rural, "que pone el foco en la simplificación de los tramites administrativos, reforzando las unidades en las delegaciones provinciales y simplificando los marcos normativos".
El plan tiene un horizonte temporal de cuatro años y busca mantener y mejorar la cuota de mercado en Andalucía, España y el extranjero, aumentar la capacidad del sector andaluz para adaptarse a entornos cambiantes y asegurar el crecimiento a medio y largo plazo, apostando por la eficiencia productiva y respetando el medio ambiente. Igualmente, el plan persigue posicionar a la comunidad autónoma a la vanguardia del progreso técnico y tecnológico para lograr estos objetivos.
El plan tiene en cuenta la capacidad de adaptación a entornos cambiantes que asegure el crecimiento, la vinculación a factores condicionantes de la eficiencia productiva, como el progreso técnico y tecnológico y la generación de mayor valor añadido, la capacidad de incorporar innovaciones generadas relativas a la calidad de la formación y la educación, a la dotación de infraestructuras y a la capacidad de organización y la gestión de las empresas del sector que contribuya a la generación de riqueza y creación de empleo.
La delegada ha citado igualmente la norma que servirá como instrumento de simplificación en la elaboración y aprobación de las bases reguladoras de subvenciones financiadas con cargo al Feader, "que unifica la dispersión de órdenes existentes y que actualiza, aclara y homogeiniza los trámites que han de ser observados en el procedimiento de concesión de las citadas subvenciones".
El 30 de julio de 2019 la Consejería de Agricultura informó al Consejo de Gobierno de la aprobación de esta instrucción, que permitirá por vez primera tener un marco único y específico para las líneas de ayudas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 que se convoquen a partir de ahora.
"Se trata de un gran paso dirigido a ganar en competitividad gracias a una mayor agilidad y simplificación administrativa que otorgará, además, seguridad jurídica al administrado. Una primera iniciativa a la que seguirá una revisión más profunda para la eliminación de trámites superfluos", ha explicado la delegada.
Eliminar trabas
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural se ha fijado como objetivo eliminar al menos un 20 por ciento de las trabas burocráticas existentes e intentar resolver en seis meses lo que se ha venido haciendo en año y medio. Una de las vías para lograrlo consiste en agilizar las órdenes de ayudas a agricultores, ganaderos y al sector agroindustrial y medioambiental.
La unificación de la base normativa incluye, entre otras novedades, la regulación de los supuestos en los que los gastos subvencionables se ejecuten antes de la solicitud de ayuda o de la resolución de concesión.
También, recoge la regulación de los costes indirectos, se define de forma más clara la moderación de los costes de acuerdo a la normativa europea y se establece como preferente la presentación telemática. Además, se contempla la posibilidad de presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y de los criterios de valoración junto a la solicitud de ayuda.
Para la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible "resulta fundamental optimizar la financiación comunitaria que brindan los fondos europeos para cumplir con los objetivos de la programación aprobada por la Unión Europea en beneficio del sector agrario, pesquero y forestal andaluz".
En el último ejercicio financiero se pagaron en la provincia ayudas al desarrollo rural por un importe superior a los 33 millones, un apoyo fundamental al medio agrario que se emplea por ejemplo en la mejora de las infraestructuras rurales, la incorporación de jóvenes agricultores, la mejora de las explotaciones o el apoyo a proyectos innovadores.
