EMPLEO

El Gobierno cierra septiembre con el abono de 7,57 millones a más de 12.000 cordobeses en ERTE

El número de trabajadores en ERTE en la provincia de Córdoba ha bajado un 47%, pasando de los 27.442 del mes de abril a los 12.846 trabajadores que hay actualmente 
Obras en el nuevo colegio de Turruñuelos 1

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha abonado en Córdoba un total de 7.578.414 euros correspondientes a las nóminas de septiembre de 12.846 trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aprobados para sus empresas, lo que refleja un descenso de casi el 47% de los contabilizados en abril, cuando 27.442 trabajadores estaban cubiertos con este tipo de prestación.

En una nota, la subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha subrayado que "la continuación de los efectos de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 en las empresas y en el empleo exigía una respuesta coordinada y adecuada para proteger a los trabajadores y a las familias".

En este sentido, ha valorado que "el Consejo de Ministros del 29 de septiembre aprobase el Real Decreto-ley de medidas sociales en defensa del empleo por el que se prorrogan los beneficios de los ERTE hasta el día 31 de enero de 2021, tras haber alcanzado un acuerdo al respecto con los agentes sociales".

A partir de ahora, la base de cálculo para las prestaciones se mantiene en el 70% de la base reguladora de la persona trabajadora, que no verá disminuidos sus ingresos al 50% de la base reguladora una vez transcurridos los seis primeros meses, tal y como ocurría hasta ahora.

Se mantienen además aspectos ya existentes, como que las empresas acogidas a ERTE no puedan realizar horas extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de la actividad, o concertar nuevas contrataciones, directas o indirectas, salvo por razones de formación u otras causas objetivas y justificadas. Asimismo, sigue vigente la prohibición de despedir.

Estas medidas se enmarcan en el III Acuerdo Social en Defensa del Empleo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones y los representantes de las organizaciones sindicales CCOO y UGT y los representantes de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.