El próximo 7 de octubre comienza una nueva temporada de caza con galgo, una modalidad de caza cuya consecuencia es el abandono de más de 50.000 de estos perros cada año, bajo la permisividad del Gobierno y la comunidades autónomas, según un comunicado del colectivo cordobés Galgos del Sur.
Desde esta asociación se teme que este año las consecuencias sean mucho peores que otros anteriores, y el motivo principal es "la falta de liebres en nuestros campos, un descenso provocado por la sobreexplotación cinegética y por el uso de herbicidas y pesticidas en los campos que han mermado las poblaciones, especialmente en nuestra provincia".
Los galgueros, que utilizan a los galgos como meras herramientas para la caza, no mantendrán a sus perros si hay escasez de liebres para cazar, por este motivo es previsible que no esperen a enero y febrero para el descarte y abandono masivo de los animales. Los meses de octubre, noviembre y diciembre ya se prevén "duros" en número de abandonos.
Desde Galgos del Sur se preparan para recibir a cientos de perros abandonados en perreras municipales y servicios públicos de recogida de animales, en las calles, carreteras y campos, "galgos con lesiones y heridos sin ser asistidos por sus dueños, galgos traumatizados por el maltrato y la dura vida que han sufrido", añade la nota. Una situación que se espera "desastrosa", ya solo en la provincia de Córdoba el año pasado esta asociación rescató a 249 galgos, y en lo que va de año ya se superan esas cifras.
En este sentido, los colectivos de galgueros y cazadores son "amparados por las administraciones central, autonómica, provincial y local, protegiendo la actividad que realizan y recibiendo subvenciones públicas". Por ello, Galgos del Sur considera que "estas administraciones amparan y perpetúan el maltrato a los perros de caza".
Desde Galgos del Sur se exige a las administraciones públicas y a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados que no den la espalda a este problema, asuman su responsabilidad para poner soluciones a esta lacra, que pasa por la prohibición de la caza con perros, el endurecimiento de las leyes de protección animal, el aumento de las penas por maltrato animal en el Código Penal y un control estricto a los cazadores, realizado éste último tanto por parte la Administración, jueces y autoridades policiales para solucionar definitivamente el maltrato que sufren galgos y perros destinados a cacería.
