CSIF Córdoba solicita a la Consejería de Salud y Familias que tome las medidas oportunas para poner a disposición de las entidades locales de Córdoba y del conjunto de Andalucía los materiales de protección necesarios para las distintas categorías profesionales de las plantillas, así como test de detección rápida del Covid-19 para garantizar la seguridad de los más de 12.000 trabajadores y trabajadoras municipales y de la ciudadanía a la que atienden en Córdoba.
El responsable del Sector de Administración Local de CSIF Córdoba, Enrique Luque, lamenta la situación de falta de medios con la que trabajan muchos empleados de las corporaciones locales, al mismo tiempo que precisa que 24 de ellos en la capital y en la provincia han quedado “fuera de juego” por el coronavirus. 9 por dar positivo y 15 al encontrarse en cuarentena.
“La Junta de Andalucía es la encargada de dicho suministro, sin obviar la posibilidad de colaboración que se pudiera establecer con las entidades locales que así lo consideraran oportuno”, según manifiesta el representante sindical. “Estamos solicitando a las entidades locales que provean a su personal de estos medios --tanto equipos de protección individual (EPI) como test rápidos--, pero no se nos escapa que ha de ser la Junta la que, en el ejercicio de sus competencias, facilite la adquisición y disposición de ese material”.
“Los trabajadores y trabajadoras de todos estos organismos públicos vienen desempeñando sus funciones de Seguridad -Policía Local y Bomberos-, Servicios Sociales, Limpieza, Información, Vigilancia, Administración y Gestión, expuestos a un alto riesgo de contagio por SARS-CoV 2 (COVID-19) al no contar con equipos de protección individual (EPI) de vías respiratorias/gotas/contacto adecuados y suficientes”, subraya Luque..
Desde CSIF se considera que “es urgente, por lo tanto, dotar de material de protección necesario y realizar las pruebas o test rápidos del Covid-19 a estos profesionales al tratarse de una medida vital para frenar los contagios”. “Somos conscientes de la dificultad que para muchos de estos ayuntamientos supone el acceder a la compra individual de estos elementos”, explica Luque, que recuerda que la Junta de Andalucía, en una instrucción firmada el pasado 1 de abril, reconoce que “actualmente es competente, como autoridad sanitaria en nuestra comunidad, del suministro de material de protección a la propia administración autonómica y a aquellas entidades o instituciones cuyas circunstancias presenten una situación manifiesta de especial incidencia de contagio del COVID-19”.
En opinión del responsable del Sector de Administración Local de CSIF Córdoba, “obligar a los ayuntamientos a ejercer esa función de forma unitaria es abocar a la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones legales a muchos de ellos, que por su capacidad económica y de gestión de compras en el exterior se verían abocados a no poder disponer de ese material imprescindible para sus plantillas”. Asimismo, CSIF subraya que este personal “está prestando servicio con todo compromiso y profesionalidad que están demostrando diariamente en todos y cada uno de los municipios cordobeses”.
