El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco Sánchez Zamorano, ha hecho pública la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Córdoba non el año 2017. De esta forma, además del resto de datos que ha aportado, ha destacado el balance ofrecido acerca de los casos relacionados con la violencia de género en la provincia cordobesa.
En concreto, según ha explicado Sánchez Zamorano, en esta materia se han recibido un total de 1.803 denuncias interpuestas de forma directa, de las que un 7 por ciento de las denunciantes renunciaron a continuar con el proceso. Asimismo, en esta misma materia, se han aprobado un total de 239 órdenes de protección, que han sido menores que las del año 2016, con un total de 322. Han sido 106 sentencias absolutorias y 42 condenatorias. En resumen, se han contabilizado un total de 2.567 asuntos de Violencia de Género; 1.569 en Córdoba capital y 788 al resto de la provincia.
Su opinión acerca del caso de 'La Manada'
Asimismo ha manifestado este miércoles que comparte "las críticas" tras la sentencia que condena a los cinco miembros del denominado grupo de 'La Manada', "pero siempre y cuando no se ataque a las personas y las instituciones", porque "el reparto de los poderes en un estado social y democrático de derecho como este es fundamental", de modo que "los poderes entre ellos mismos deben respetarse".
Así lo ha subrayado el magistrado en una rueda de prensa, después de ser preguntado por dicha sentencia y las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el magistrado del voto particular y la petición de dimisión del ministro por las asociaciones judiciales.
En este sentido, ha dicho que entiende y comparte la postura de las asociaciones de jueces y fiscales ante la petición de dimisión, "por el hecho de que como representantes de la sensibilidad de las diversas corrientes que hay en la carrera judicial se han sentido afectadas en cuanto a considerarse que ha habido palabras fuera de tono dirigidas a un magistrado, no ya a la sentencia, sino a la persona". A juicio de Sánchez Zamorano, dichas palabras "no casan bien con el respeto institucional que debe existir entre los poderes y para preservar la separación e independencia de cada uno de los tres poderes del Estado".
En cuanto al caso de Pozoblanco en el que hay investigados cuatro de los cinco condenados en Navarra por la supuesta comisión de un delito de abuso y cuestionado por la presión que puedan recibir los jueces, el presidente de la Audiencia cordobesa ha remarcado que "los jueces están acostumbrados a las presiones".
Además, ha agregado, "estamos sometidos al imperio de la ley", por lo que está "convencido de que los jueces juzgan en función de lo que ven, oyen y escuchan en cada juicio, y que hacen abstracción de cualquier tipo de manifestaciones o juicios paralelos", de modo que está "convencido de que son totalmente independientes".
El problema "base es de pruebas"
Y preguntado por si tras la sentencia de Navarra se contempla la formación en violencia de género, Sánchez Zamorano ha dicho que ha participado en juicios de agresiones y abusos sexuales más de cien veces y más del 90% de "la problemática es de prueba".
Así, "casi siempre, salvo que haya una agresión muy a las claras con testigos o heridas, fundamentalmente se tiene el tema de si ha sido con o sin consentimiento", ha añadido, para declarar que "en el tema de formación en perspectiva de género todo lo que venga no viene mal, pero ese no es el problema". Ante ello, ha valorado que el juez tenga "cuanta más formación de todos los aspectos de la vida y cuanto más se preocupe por cultivarse y estar al día a día", si bien no cree que "ese sea el problema".
En definitiva, el magistrado ha señalado que "se ha armado un lógico y comprensible revuelo social", pero "el tribunal ha dictado una sentencia y ahora se verán los recursos", por lo que ha pedido "esperar".
