El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba denuncia la progresiva privatización de la educación en Andalucía en este inicio del curso de Infantil y Primaria en el que no se han registrado, por el momento, ninguna incidencia destacable.
El secretario General de este sindicato provincial, Antonio Sánchez, critica el “clamoroso olvido de la Consejería de Educación con respecto al personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria” cuando la propia Ley de Educación de Andalucía refiere sobre este colectivo que su “aportación relevante coadyuva a la consecución de los objetivos educativos del sistema”.
Hay abundantes indicadores para pensar en la intencionalidad del ostracismo que la Consejería de Educación aplica sobre el personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, pues, a pesar de existir más de 12.500 puestos de este personal creados en los colegios e institutos, el volumen de la privatización, con alrededor de 18.000 empleos, unos 1400 en Córdoba, supera con creces la propia plantilla del personal contratado directamente por la Administración educativa.
En la atención en el aula al alumnado con necesidades educativas especiales, hay 775 necesidades cubiertas con personal propio frente a 1.024 cubiertas mediante empresas privadas; en la interpretación en lengua de signos al alumnado con discapacidad auditiva, la totalidad, 160 personas contratadas por empresas externas; en la gestión de las seis Escuelas Infantiles de titularidad de la Consejería de Educación, 90 trabajadoras y trabajadores contratados mediante empresas privadas; y, en la atención socioeducativa de 160 Escuelas Infantiles dependientes de la Consejería de Educación, 960 personas contratadas mediante empresas.
A todo ello se suma que en las aulas matinales, 3.316 personas están contratadas por empresas. En comedores escolares, de los 1.960 centros con servicio de comedor, en 349 de ellos el servicio es prestado mediante gestión directa. Esto hace que haya 4.975 empleos contratados mediante empresas de catering frente a 989 cocineras y ayudantes de cocina contratadas por la Consejería, y 860 contrataciones mediante empresas para atención del alumnado en los comedores de gestión directa. En acompañamiento en el transporte escolar, 1.626 empleos mediante empresas. En la limpieza de los institutos: 2.829 trabajadoras y trabajadores contratadas por empresas, frente a 1.702 contratadas directamente por la Consejería de Educación. Finalmente, en cuanto a actividades extraescolares, la cifra está por determinar, al estar abierta aún la licitación mediante convenios con empresas, pero, en todo caso, superará los 2.000 empleos.
Esta privatización creciente, promocionada por la Consejería de Educación permite la existencia de miles de contratos precarios a tiempo parcial y de duración menor a los 10 meses del curso escolar. Con condiciones laborales y salarios muy inferiores a los que deberían percibir por el mismo trabajo en el caso de ser desempeñados como trabajadoras y trabajadores de la Junta de Andalucía. “Son ‘minijobs’ con contratos que van desde una hora y media a seis horas diarias, en el mejor de los casos”, señala Sánchez.
Igualmente, entre el PAS y el personal de atención educativa complementaria propios de la Consejería, la tasa de interinidad alcanza el 30 por ciento. Ello, en caso de que se cubran, pues de las 12.427 plazas de personal laboral, 1.479 en nuestra provincia, que, según el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, hay creadas en las escuelas, colegios e institutos públicos de la Consejería de Educación, faltan por cubrir 994 plazas, 135 en Córdoba, lo cual implica una deficiencia en la atención al alumnado, mayores cargas de trabajo y, en última instancia, nuevas privatizaciones porque es necesario que esas tareas o servicios sean prestados. Y esto sin dejar de recordar la precariedad de las monitoras escolares, contratadas a jornada parcial a 632 monitoras escolares, de las cuales 427 lo son, además, de manera discontinua durante 10 meses al año.
Por último, en los centros docentes andaluces, frente a las necesidades de personal laboral no cubiertas, se restringe el disfrute de derechos mediante el argumento de las necesidades del servicio.
Todo lo descrito hace que CCOO censure un inicio de curso oscurecido por las políticas aplicadas por la Junta de Andalucía en los centros docentes de su titularidad, cuyas competencias ostenta la Consejería de Educación, y que suponen privatización de la Escuela Pública, precariedad en sus empleos y abusos y recortes en los derechos laborales de su personal.
