Efectos de la pandemia sobre la economía

CCOO calcula que el 80% de afectados por ERTE en la provincia no cobrará hasta después de mayo

El sindicato UGT estima que hasta el lunes pasado se habían presentado ya 90.250 expedientes, de los que 7.329 corresponden a la provincia cordobesa
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photo_camera El empleo en Córdoba se verá muy mermado por la actual crisis sanitaria

Tras el silencio informativo previo a la Semana Santa, han vuelto a darse a conocer datos sobre expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), en esta ocasión no por parte de la Junta de Andalucía, sino de los sindicatos. Según las cifras que tienen en su haber UGT y CCOO, el número de expedientes registrados a fecha de 13 de abril asciende en Andalucía a 90.250, que afectan a unas 457.944 personas trabajadoras, de los que aproximadamente el 8,5% son de Córdoba, o sea unos 38.925.

El desglose por provincias sería de 7.329 en Córdoba, 6.943 en Almería, 13.020 en Cádiz, 10.642 en Granada, 4.185 en Huelva, 5.382 en Jaén, 21.563 en Málaga y 20.298 en Sevilla.

Aparte de eso, siempre según las mismas fuentes, hay 434 solicitudes sin especificar la provincia de la Córdoba, y otros 454 expedientes que corresponden a empresas con ubicaciones en varias provincias, y que se tramitan directamente desde la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo. Los datos de las provincias se han revisado respecto a las últimas cifras facilitadas para computar los desistimientos y expedientes duplicados.

La fecha anterior con cifra de ERTEs era del 3 de abril pasado y los aportó la Junta de Andalucía. Por entonces, en Andalucía se habían presentaron desde el 14 de marzo un total de 88.650 expedientes (Almería: 7,9%; Cádiz: 15,2%; Córdoba: 8,3%; Granada: 10,4%; Huelva: 5,2%; Jaén: 6,4%; Málaga: 26,3% y Sevilla: 19,9%) con aproximadamente 427.000 trabajadores afectados. De ellas, sólo se pudieron atender entonces 36.345 solicitudes (Almería: 14,5%; Cádiz: 13,0%; Córdoba: 8,5%; Granada 6,9%; Huelva: 3,7%; Jaén: 5,3%; Málaga: 20,3% y Sevilla: 27,7%) que incluían a 179.090 trabajadores. 

Previamente, el 29 de marzo, de nuevo UGT tenía más datos, según los cuales en esa jornada se habían presentado 58.812  expedientes, de los que 5.977 eran de Córdoba (23.542 trabajadores), 4.680 eran de Almería (19.835), 10.954 de Cádiz (42.176 trabajadores), 5.166 procedían de Granada (28.353 trabajadores), 3.639 eran de Huelva (13.060 trabajadores), 4.121 llegaron de Jaén (15.687 trabajadores), 11.210 eran de Málaga (80.299 trabajadores) y 13.065 de Sevilla (con 58.565 trabajadores), lo que suponía una media aproximada de cinco afectados por expediente.

En opinión de Aurelio Martín, que es el responsable de Acción Sindical de CCOO en Córdoba, los cálculos indican que "aproximadamente, el 80% de los trabajadores y trabajadoras que se han visto afectados por un ERTE en la provincia no van a cobrar ninguna prestación, al menos, hasta después de mayo".

Y es que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no estaba preparado para el aluvión de solicitudes que se han presentado. Es más, según el sindicalista, la Junta no sólo "no ha reforzado el servicio, sino más bien al contrario, la mayoría de la plantilla está desarrollando teletrabajo, con las dificultades que ello acarrea para las personas trabajadoras, que no pueden gestionar el paro en las oficinas y tienen que hacerlo por vía telemática, lo que no está al alcance de todo el mundo".

En definitiva, que el SAE "está colapsado y mucho nos tememos que la situación no va a mejorar en las próximas semanas, porque se siguen presentado ERTEs, aunque ya no sean por fuerza mayor".

En este sentido, y siempre según Aurelio Martín, CCOO ya pidió a principios de abril que se agilizaran los trámites para las prestaciones, pero en vez de eso, la andaluza es la única Administración autonómica que mantiene la obligatoriedad de darse de alta en el SAE si no se ha cobrado la prestación por desempleo con anterioridad o de actualizar los datos si ya se cobró en algún momento.

Es más, CCOO solicitó el establecimiento de un plazo extraordinario de cobro en abril para que las personas incluidas en un ERTE ya aprobado no se quedaran sin cobrar hasta mayo. "Pedimos a la Junta que refuerce los servicios de empleo, que reduzca la burocracia al mínimo imprescindible, que agilice la tramitación de las prestaciones y otras ayudas a las familias, especialmente, la renta mínima de inserción para quienes no tienen derecho a una prestación por desempleo y para quienes ya no perciben ninguna prestación".

Silencio administrativo

En el caso de los ERTE por fuerza mayor, se eliminó el trámite de negociación con la representación social, lo que en opinión del sindicato constituye "una vulneración de los derechos de las personas trabajadoras, que se encuentran en una situación de indefensión frente a la empresa". Por lo pronto, la inmensa mayoría de los expedientes se están aprobando por silencio administrativo –la autoridad laboral debe admitirlo o rechazarlo en cinco días, si no, se entiende aprobado–, lo que no quita que la autoridad laboral reclame a la empresa, a posteriori, documentación adicional o modificaciones en las condiciones del ERTE.

Esto implica una gran incertidumbre y genera mucha ansiedad en las personas trabajadoras. Puede darse el caso de que se empiece a aplicar un ERTE y después la autoridad laboral lo desautorice y el trabajador se vea obligado a devolver las prestaciones recibidas y la empresa a abonar salarios e incluso multas, lo que puede generar también muchos problemas. Y lo que está ocurriendo es que "algunas empresas se escudan en ese silencio administrativo y tienen a los trabajadores en vilo, sin cobrar, a la espera de una resolución del expediente".