El presidente de la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), el cordobés Francisco León, ha calificado esta tarde de "paripé" la reunión mantenida esta magna entre la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, Marifrán Carazo, con asociaciones de afectados por la problemática de las viviendas irregulares en Andalucía donde la responsable autonómica ha reivindicado la "seguridad jurídica" del decreto ley que entró en vigor el pasado 26 de septiembre y que tiene como objetivo resolver una situación que padecen más de 300.000 familias en la comunidad andaluza.
Un desprecio basado, en palabras del propio León a este periódico, en el hecho de que han llamado únicamente "a los afines a los partidos del cogobierno andaluz, a los intereses de extranjeros y a una minoría de afectados", mientras que CALU se ha quedado fuera, pese a representar a un 80% de los afectados por esta problemática.
Y es que a la reunión en la sede de la Consejería, que sirvió para que la consejera señalara que la normativa andaluza no genera un conflicto de competencias como plantea el Gobierno de Pedro Sánchez, han acudido, según fuentes de la Junta, representantes de la Asociación Abusos Urbanísticos Andalucía-No (AUAN), de la asociación SOHA de Málaga, de Pavip de Vejer de la Frontera (Cádiz), de las urbanizaciones de Carmona y de la Federación Extrarradio y la Asociación Chifra de Chiclana.
"Son los de siempre: Extranjeros y Chiclana, junto a dos representantes de urbanizaciones pequeñas de Carmona que se ha llevado el alcalde, Juan Ávila (PP), que no representan a la gran mayoría de afectados, pero, como siempre ocurre, a CALU nos han dejado fuera", ha asegurado León, quien añade que "para nosotros esta reunión es un pariré con la intención de dar a entender que se han reunido con los representantes de los vecinos, pero nada más lejos de la realidad".
Para Francisco León, además, hay mucha política de por medio. Así, según sus palabras, los de Almería "que antes estaban en el PSOE ahora son concejales del PP, mientras que los de La Axerquia de Málaga son de Ciudadanos, que han estado antes cogobernando con los socialistas y ahora con los populares". De este modo, el cordobés ha aseverado que "está claro que el PP se equivoca una vez más y se les ve el plumero en este problema", por lo que aconseja al Gobierno de la Junta "menos críticas al Ejecutivo anterior y más hacer, porque si los socialistas no nos querían dar lo que pedíamos, al menos nos lo declina a la cara, y éstos nos engañan por completo".
Tras lo ocurrido esta mañana en la sede de la Consejería, CALU se está planteando celebrar una reunión a nivel de Andalucia, a la que puedan asistir cinco o seis personas por colectivo, con la intención de dejar clara su postura ante el 'encuentro paripé' y para exigir de nuevo una reunión entre la consejera y la organización mayoritaria en Andalucía.
El problema, según León, es que "nosotros rechazamos la declaración de asimilado fuera de ordenación (AFO), que es el pilar básico del decreto ley", porque no legaliza la situación de una vivienda, "y si por cualquier catástrofe perdemos la casa carecemos de derechos frente a esas pérdidas".
La declaración AFO permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.
