Diez ciudades españoles con sus alcaldesas, entre ellas la de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), y alcaldes al frente han participado hoy en Madrid, en torno a una mesa redonda en defensa de la gestión pública del agua. Con Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, como anfitriona, este encuentro ha reunido también a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona; Joan Ribó (Valencia); Pedro Santisteve (Zaragoza); Óscar Puente (Valladolid); Xulio Ferreiro (A Coruña); Jordi Ballart, (Tarrasa); Martiño Noriega (Santiago de Compostela) y Guillermo Hita, alcalde de Arganda del Rey (Madrid) y presidente de la Federación de Municipios de Madrid.
Antes de firmar una declaración institucional por el agua pública, en la que los diez dicen apoyar la constitución de una Red de Ciudades por el Agua Pública, que mediante un funcionamiento horizontal entre todos los actores interesados en la gestión del ciclo integral del agua permita el acceso a la información y al conocimiento, la puesta en común de los problemas existentes y de las experiencias llevadas a cabo y la propuesta de actividades de interés común, la regidora cordobesa expuso en la mesa el caso cordobés.
Así, ha señalado que el nuevo equipo de Gobierno de Córdoba elegido hace 17 meses se marcó como prioridad el rescate de las personas en una situación de enorme dificultad, para gran parte de la ciudadanía, y "ese rescate tenía que comenzar por garantizar un techo digno y convendrán conmigo, que una casa no lo es, si carece de agua o luz".
En este sentido, Ambrosio ha apuntado con cierto orgullo que la ciudad de Córdoba "ha sido pionera en la prohibición de cortes de agua por situación de precariedad", aplicando de forma activa el derecho humano al agua, a través de un "mínimo vital garantizado para aquellas familias sin recursos".
Un logro que, en palabras de la alcaldesa cordobesa, no se hubiera podido conseguir sin la "decidida voluntad del actual equipo de gobierno de seguir manteniendo la titularidad pública de la empresa responsable del abastecimiento y saneamiento (Emacsa), ya que este objetivo habría sido mucho más difícil de conseguir, de tenerlo que haber negociado con una empresa privada".
De hecho, fue Emacsa la que aprobó que el certificado de empadronamiento fuera requisito suficiente para beneficiarse de ese nuevo derecho a un mínimo vital mientras que en paralelo se ha constituido en Córdoba una comisión para el diseño y aprobación de las nuevas tarifas de agua, en la que participa el movimiento ciudadano, todos los partidos y los sindicatos.
La regidora de Córdoba destacó la importancia de "mantener dentro de lo público aquellas empresas responsables del abastecimiento y saneamiento de agua, y, en su caso, revertir las privatizaciones que con tanta alegría y tan poca conciencia social, se han llevado a cabo en los últimos años".
