La abadesa y comisaría pontificia del convento de Santa Clara de los Ángeles, María Rosario Sánchez Muñoz, ha aclarado, a través de un comunicado que las dos personas que van a ser desahuciadas en precario del convento, ambos familiares de la anterior abadesa, fueron informados "con antelación suficiente que debían desalojar dichas dependencias".
Según la misma nota, se trata de Luz Elena González Pérez y Rafael Mazo Bedoya, hermana y cuñado de sor Clara González Pérez, antigua predecesora en el cargo de abadesa, quien, al igual que el resto de hermanas, han sido trasladadas a otros monasterios de la Federación.
Frente a las acusaciones recibidas por parte de las dos personas que van a ser desahuciadas de que han estado 11 años trabajando en el convento sin recibir prestación alguna a cambio, la abadesa ha respondido que en los 13 años (dos más de los que indicaban los afectados) que llevan viviendo en el convento, "lo han hecho como huéspedes, nunca ha existido cobro ni pago de alquiler alguno, ni agua, ni luz". En este sentido, la antigua responsable del convento añade que han sido "trece años viviendo sin contraprestación alguna, sino todo lo contrario, cuantos trabajos han realizado en el monasterio bien de limpieza o ayudando a las hermanas ancianas, han sido retribuidos económicamente de una manera generosa".
Ayuda para encontrar trabajo
Además, sor María Rosario Sánchez Muñoz ha abundado en la idea de que a esta pareja se le ha estado ofreciendo "en todo momento" ayuda para encontrar trabajo y para el pago de alquiler de un piso, "y siempre hemos encontrado la negativa como respuesta", así como "actitudes de provocación para seguir viviendo en las dependencias conventuales, desprestigiando a esta orden de la que ha vivido durante trece años".
En su opinión, "la manifestación pública montada (esta mañana) ante el monasterio, refleja claramente los intereses personales y torticeros de dos personas que sólo han recibido ayuda de este convento". Y "nada se corresponde lo más mínimo con la verdad".
Finalmente, señala que en la actualidad "se les sigue ofreciendo trabajo y ayuda en el alquiler de un piso, por lo que sólo puede justificarse su empecinamiento de no aceptar ninguna de las soluciones ofrecidas, al abandonar las dependencias del convento, en un deseo de aprovecharse de los derechos sociales de un país democrático que les ha acogido con los brazos abiertos".
El Obispado se lava las manos
También el Obispado ha reaccionado con un comunicado diciendo que "la decisión de suprimir la comunidad de religiosas Clarisas del Convento de Santa Isabel de los Ángeles de Córdoba ha sido tomada exclusivamente por la abadesa y comisaria pontificia, María del Rosario Sánchez Muñoz, en el uso de sus competencias específicas y como responsable máxima de la orden en este asunto".
De igual modo, el Obispado ha señalado que "la decisión acerca de la eventual venta del inmueble ha sido tomada por dicha abadesa y comisaria pontificia, con la aprobación de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, organismo competente de la Santa Sede".
"Este Obispado -concluye el comunicado- no tiene ninguna responsabilidad en la decisión de desalojar a una familia de las dependencias del convento. Corresponde a la abadesa y comisaria pontificia dicha decisión".
