El Gobierno de la nación ha asegurado, respecto al nombre de Cañero que volvió a dar el Ayuntamiento de Córdoba a una plaza de dicha ciudad, cuando había sido sustituido antes por el de Plaza de los Derechos Humanos, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, es algo que "debe ser resuelto en el ámbito municipal, por lo que el Gobierno no puede actuar en este caso, ni en otros semejantes".
Así se recoge en la respuesta que, según ha informado Compromís, ha dado el Ejecutivo en el presente mes de marzo a las preguntas planteadas el pasado diciembre por el senador de Compromís, Carles Mulet, que forma parte del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, integrado por senadores de Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem.
Mulet preguntó al Gobierno por el hecho de que la mencionada Plaza de los Derechos Humanos hubiese recuperado "su denominación fascista de Plaza de Cañero", amparándose el Consistorio para ello en una sentencia judicial que dice que "dicha denominación se instaura, no para enaltecer a la ya extinta dictadura franquista, o alguno de sus dirigentes, sino en reconocimiento a la generosidad del señor Cañero Baena, que donó a la ciudad unos terrenos para la construcción de viviendas destinadas a las clases más desfavorecidas de la ciudad".
Ante ello, Mulet argumentó en su pregunta que, "independientemente de su actividad como rejoneador o de sus donaciones de terrenos, está demostrado y recogido por fuentes escritas y testimonios orales que Antonio Cañero participó en las matanzas contra civiles en varios pueblos de la provincia de Córdoba", durante la Guerra Civil, "encabezando una columna de paramilitares" que llevaba su nombre.
Por este motivo, el senador de Compromís preguntó por escrito el pasado diciembre al Ejecutivo central: "ante este insulto y humillación a las víctimas del franquismo, dentro de sus competencias, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno?".
La respuesta del Gobierno ha sido ya la indicada de que "el tema planteado debe ser resuelto en el ámbito municipal, por lo que el Gobierno no puede actuar en este caso ni en otros semejantes", si bien ha añadido que, "con carácter general, es preciso indicar que desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, en diciembre de 2007, se han reducido de manera muy notoria el número de vestigios relativos a la Guerra Civil y a la dictadura en nuestro país".
Sin embargo, "como Estado de Derecho debemos atenernos a las reglas sobre distribución de competencias que rige en nuestro sistema normativo, encabezado por la Constitución Española de 1978 y, en tal sentido, cabe señalar que la elaboración del catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y a la dictadura corresponde a cada una de las administraciones con competencia territorial".
De hecho, según ha recordado el Gobierno, "la actuación de la Administración General del Estado, en relación con los vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura, resultó efectivamente acotada en el informe correspondiente de la Comisión Técnica de Expertos, creada en el seno del Ministerio de Cultura y Deportes, donde se evaluaron y catalogaron aquellos símbolos o restos dependientes de la Administración General", si bien "en el espacio autonómico y municipal se han hecho las recomendaciones oportunas".
En este sentido, la Dirección General de Memoria Histórica remitió, a comienzos de 2019, una misiva dirigida a más de 650 ayuntamientos de toda España, "solicitando que acreditaran la existencia o inexistencia de vestigios a los que se refiere el artículo 15 y, en el caso de que los hubiera, procedan a dar cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, elaborando un catálogo de vestigios para su ulterior retirada".
El objeto de la misiva, según ha recordado el Ejecutivo, "consiste en obtener la información precisa de cara a la futura elaboración de un informe final sobre el cumplimiento de la Ley en materia de vestigios, que será dado a conocer de forma pública. La fase de respuesta permanece abierta en la actualidad".
Por último, el Gobierno ha señalado en su respuesta que "existe la voluntad de dar traslado formal de toda comunicación recibida sobre la existencia de estos vestigios a las comunidades autónomas o municipios afectados, con ocasión de las reuniones en que participen ambas administraciones, a fin de que, en el ejercicio de sus competencias, adopten las decisiones oportunas".
