LA INSPECCIÓN SE ORIGINÓ A RAÍZ DE LA DENUNCIA DE ALGUNOS DE SUS TRABAJADORES

La Junta sanciona con 46.000 euros y el reintegro de subvenciones a tres entidades cordobesas por irregularidades

Fundación Guadalquivir Futuro, Asociaciones Jóvenes para el Futuro y Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir son las tres afectadas y tendrán además que reintegrar un total de 304.905,99 euros de las subvenciones

sanchez maldonado
photo_camera José Sanchez Maldonado en una comparecencia en el Parlamento andaluz

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha informado de las actuaciones que se han llevado a cabo en la investigación a las entidades cordobesas Fundación Guadalquivir Futuro, Asociaciones Jóvenes para el Futuro y Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir, y ha explicado que las tres fundaciones han sido sancionadas con un total de 46.251 euros por irregularidades, y tendrán además que reintegrar un total de 304.905,99 euros de las subvenciones a las que se acogieron.

Durante su comparecencia en el Parlamento a petición propia, Sánchez Maldonado ha recordado que la Inspección de Trabajo inició una investigación a raíz de la denuncia de algunos trabajadores contratados en base a ayudas recogidas en el Decreto Ley 2/2015, que incluye ayudas a entidades sin ánimo de lucro para desarrollar proyectos de empleo. Además, la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del SAE también inició un expediente de información reservada para clarificar la ejecución de estas ayudas.

En este sentido, el consejero ha detallado que la Inspección de Trabajo de Córdoba desarrolló la investigación dentro de la máxima colaboración con la Junta de Andalucía y elaboró un informe de actuación sobre las tres entidades, en el que concluye que parte de la subvención recibida se ha destinado a un fin diferente al que marca la normativa: sufragar salarios de los trabajadores beneficiados y seguros sociales.

Infracción laboral muy grave

Según este informe, la Inspección de Trabajo considera que los hechos constituyen "una infracción laboral muy grave en materia de empleo", ha añadido Sánchez Maldonado, lo que le lleva a levantar las correspondientes actas de infracción que proponen a la Junta de Andalucía sancionar a las entidades y la pérdida automática de las ayudas incluidas en los planes de empleo, así como la devolución de las subvenciones recibidas.

Tras esta propuesta de la Inspección de Trabajo, el director gerente del SAE impuso una sanción de 20.000 euros a Fundación Guadalquivir Futuro; otra sanción de 20.000 euros a Asociación Jóvenes para el Futuro y una última de 6.251 euros a la Asociación Nuevo Guadalquivir. Asimismo, el SAE aprobó sancionar a las entidades con la pérdida automática de las ayudas y la devolución de las cantidades obtenidas indebidamente, así como la exclusión durante cinco años de poder optar a ayudas y bonificaciones de los planes de empleo.

Paralelamente a esta actuación, ha añadido el consejero de Empleo, la Dirección provincial del SAE en Córdoba elaboró un informe sobre la tramitación administrativa de las ayudas, en la que no se han encontrado incumplimientos, y se incoa en el mes de julio un expediente de información reservada para detectar si se han producido incumplimientos en la ejecución de los proyectos subvencionados.

A raíz de este expediente, se emite un documento con las conclusiones tras la investigación realizada por el SAE, que conlleva a la apertura de un expediente sancionador en septiembre a cada una de las tres entidades por infracción administrativa "muy grave", y el inicio en octubre de un expediente de reintegro por las ayudas que recibieron. En concreto, se pide reintegro de 103.797,54 euros a la Fundación Guadalquivir Futuro; 92.985,38 euros a la Asociación Jóvenes para el Futuro y 108.123,07 a la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir.

Por último, Sánchez Maldonado ha añadido que el pasado 21 de octubre se ha incoado un segundo expediente de información reservada relativo a ayudas recibidas en 2014 por la Asociación Jóvenes para el Futuro. Asimismo, se ha solicitado informe a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía para determinar cualquier otra actuación que hubiese que levar a cabo.

Más transparencia e inspección

Por su parte, los grupos parlamentarios han valorado las acciones llevadas a cabo por la Consejería en este caso y han dado la enhorabuena al consejero por los pasos puestos en marcha, no obstante, han pedido "más transparencia" y una mayor acción de la Inspección.

En concreto, el diputado del PP-A Miguel Ángel Torrico, aunque ha valorado la "rapidez y contundencia" de las actuaciones, ha advertido de que "la Administración ha ido a remolque de las denuncias de los medios de comunicación".

Asimismo, ha reclamado responsabilidades políticas de este caso ante la relación de los dirigentes de estas entidades con el Partido Socialista en Córdoba y las primeras reacciones de la delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Rafaela Crespín, cuando dijo que "no había nada que investigar y que todo era correcto".

De igual manera, ha pedido al consejero que tenga en cuenta la situación de las trabajadores que han sufrido está "estafa con dinero de la Junta".

Por su parte, el diputado de Podemos Jesús Romero Sánchez ha insistido en la relación de estas entidades con el PSOE en Córdoba y ha apuntado que un caso como este podría llevar "a una paralización de los programas de empleo".

"No debemos esperar a que los trabajadores pierdan el miedo y denuncien", ha indicado Romero, quien ha pedido a la Administración que sea "muy precavido" y que ponga en marcha medidas y herramientas de prevención.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos María Isabel Albás ha llamado a hacer una reflexión sobre el hecho de que estas subvenciones iban dirigidas a ayudar a los más desfavorecidos y ha preguntado sobre si, finalmente, estas entidades devolverán el dinero.

La diputada de IULV-CA Elena Cortés ha llamado la atención sobre la posibilidad de que estas entidades puedan solicitar subvenciones y ayudas de otras administraciones.

Por último, el diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro ha apuntado que la administración "no ha ido a remolque" y ha pedido que "no se criminalice por expedientes concretos y casos particulares a estas subvenciones".

Asimismo, ha apuntado que la delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Rafaela Crespín, no tiene responsabilidad política "ninguna" y ha pedido a Podemos que pida perdón por hablar de financiación ilegal del PSOE de Córdoba, tras enseñar una noticia impresa.