Era una situación conocida por todos en la ciudad, pero necesitaba que se hiciera oficial, con el correspondiente sello legal. Finalmente, el antiguo colegio Rey Heredia ha pasado a manos de la asociación Casa de la Ciudadanía del Distrito Sur, con la firma del acuerdo de la concesión demanial y las condiciones reguladoras para la cesión de uso del edificio, esta mañana entre el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana Vía Pública y Gestión, Emilio Aumente (PSOE), y el presidente de la cita entidad y también del Consejo de Distrito Sur, Antonio de la Rosa, en un acto al que asistieron varios representantes de los colectivos del Rey Heredia.
Según las condiciones del acuerdo, la duración de la autorización es de dos años, prorrogables por otros dos y se empezarán a contar a partir del día siguiente al de la fecha de adopción del acuerdo de la concesión demanial, es decir el 27 de junio de 2015 pasado, con lo que prácticamente ha transcurrido ya un año. Además, la concesión de uso queda condicionado al desarrollo urbanístico que el PGOU contempla en el entorno de ese inmueble.
La cesión, eso sí, es gratuita, si bien el Consistorio se reserva "los mecanismos de control necesarios para asegurar la adecuada prestación de las actividades y el cumplimiento de fines que son objeto y causa de esta cesión". Algo que está terminantemente prohibido por este acuerdo es la realización de obras o instalaciones de carácter fijo en el inmueble, así como cualquier actividad que no entre dentro del plan de usos.
Deberes de cada parte
El mantenimiento y la conservación del antiguo colegio corresponde exclusivamente a la Casa de la Ciudadanía del Distrito Sur, de tal modo que muestre un aspecto limpio, seguro y de ornato público y se requiere las obras de adaptación de un aseo accesible en el ala noroeste del bloque, que será ejecutado por el Ayuntamiento., al igual que las actuaciones pertinentes en la puerta lateral del edifico para que sea accesible. También corre a cargo del colectivo los gastos corrientes (agua y luz), impuestos o instalación de mobiliario necesario. Además, el colectivo deberá presentar cada mes de enero una memoria de actividades que se tenga previsto desarrollar a lo largo del año, así como una memoria justificativa de lo que se ha desarrollado.
De igual modo se establece una serie de condiciones que podrían dar al traste con el acuerdo, entre ellas cometer de forma reiterada alguna de las infracciones calificadas como graves o muy graves, así como el incumplimiento de los fines sociales de la entidad concesionaria.
Cometer reiteradamente infracciones graves o muy graves acarreará el fin del contrato
El proceso comenzó el pasado mes de octubre de 2013, el día 4, con la ocupación del edifico por parte del colectivo Acampada Dignidad, que, en palabras propias, mantuvo "dos años de lucha, movilización y de resistencia frente al acoso municipal" para conseguir del gobierno popular de entonces el compromiso de su cesión para convertirlo en el centro social en que se ha convertido a día de hoy. De hecho, a finales de junio de 2015 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento dio luz verde a esta cesión que se había cerrado meses antes de que se celebraran las elecciones municipales de mayo pasado y el gobierno local cambiara de color.
Desde aquel mes de octubre de 2013, los vecinos y activistas adecentaron y limpiaron el edificio y para noviembre ya estaba en marcha un comedor social, clases de apoyo y diversas actividades socioculturales, que se han venido celebrando de forma ininterrumpida, salvo el comedor social, que acabó dirimiéndose en los tribunales, y todo ello a pesar de la falta de luz y agua, que no terminó de llegar hasta el verano pasado.
