El Gobierno ha aportado los datos por provincias pedidos por el senador de Compromís, Carles Mulet. Desde el 14 de marzo hasta el día 10 de junio, según estos datos, un total de 5.200 personas han sido detenidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE), y se han denunciado a 621.207 personas. Andalucía lidera el listado con 159.618 denunciados y más de 1.000 detenidos.
El caso cordobés es de un total de 76 detenidos y 13.419 personas denunciadas, y de ese total por parte del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) detuvo en ese periodo 35 personas y sancionó a 6.041. El resto, es decir 41 detenidos con 7.378 denuncias, correspondió a la Guardia Civil.
Según un comunicado de Compromis, en la respuesta no queda claro si dentro del cómputo de las FCSE se incuyen las denuncias y detenciones practicadas en su caso por policías autonómicas y policías locales, puesto que la tabla aportada es la suma de la Policia Nacional y la Guardia Civil, sin indicar cómputos de otros cuerpos.
Mulet registró una batería de preguntas después que Amnistía Internacional denunciara casos de arbitrariedad policial en la imposición de multas durante el estado de alarma; donde se estarían imponiendo sanciones sin cumplir con los criterios de proporcionalidad establecidos por los estándares internacionales.
Por todo ello se preguntó:
1- ¿Cuándo piensa el Gobierno derogar o promover la derogación de la vergonzosa Ley Mordaza?
2- ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para adoptar protocolos claros de actuación policial que contemplen alternativas para mitigar el impacto desproporcionado que las sanciones pueden tener sobre determinadas personas?. ¿Se han planteado por ejemplo vincular la cuantía de la multa a los ingresos de la persona sancionada, o sustituir la sanción por servicios a la comunidad?
3- ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para aumentar las garantías contra la arbitrariedad policial, a través, por ejemplo de instrucciones claras a los agentes para no adoptar un enfoque meramente punitivo en su tarea de hacer cumplir las normas del estado de alarma, y la implantación de un mecanismo que permita la recepción de quejas por parte de la ciudadanía sobre actuaciones arbitrarias o desproporcionadas por parte de los diferentes cuerpos policiales?
4- ¿ Las autoridades para asegurar que no se ha actuado de manera discriminatoria, van a tomar medidas, como por ejemplo, presentar un informe detallado y periódico del número de propuestas de sanción, desglosando las mismas por cuerpo policial, provincia y zona en la que se han impuesto, que permita valorar si la actividad policial ha tenido un mayor impacto entre población vulnerable, empobrecida o en riesgo de exclusión?
5- ¿Qué número de sanciones se han impuesto, por cada cuerpo policial y detallado por provincias? ¿cuantas han sido recurridas y aceptados estos recursos?
La respuesta del Gobierno fue: "En relación con la información interesada, se señala que el Gobierno sigue firmemente comprometido a aprobar con el mayor consenso posible de los grupos parlamentarios una nueva ley de seguridad ciudadana que elimine los aspectos más lesivos para los derechos de la actual.
Asimismo, es el instrumento jurídico que tenemos en la actualidad y se aplica bajo los parámetros de la instrucción que dictó la Secretaría de Estado de Seguridad y siempre con proporcionalidad, como ha indicado el Ministro del Interior en numerosas ocasiones en sede parlamentaria.
Por otro lado, en lo que se refiere a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se indica que las instrucciones desde el Ministerio son claras. En cuanto a las sanciones, estas se interponen tras un procedimiento reglado y con garantías. Es decir, las FCSE solo presentan una denuncia, no ponen sanciones. Respecto de los informes sobre las denuncias que efectúan las FCSE, estos se hacen territorializados.
Finalmente, se informa que no se puede determinar el número de sanciones, ni las recurridas, dado que todavía no han finalizado los plazos establecidos en la normativa. No obstante, en el anexo que se acompaña se recoge el número de denuncias interpuestas por las FCSE (totales acumulados a 10 de junio).
Para Mulet, "de nuevo es preocupante la falta de compromiso firme para derogar la ley mordaza, esperar una consenso político incluye al PP, autor de esta ley, y eso bloquea seguramente un legislación nueva al respecto. Así que nos quedamos sin plazos y sin valentia para cambiar una ley, para la cual hace falta mayoría parlamentaria, que la tienen, y no consenso".
