Durante la noche del pasado 9 de diciembre un individuo se personó en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Bujalance, que en ese momento se encontraba cerrado, y con un hacha golpeó en varias ocasiones la puerta y una cámara de videovigilancia de dichas instalaciones, a la vez que profería a gritos amenazas de muerte contra los guardias civiles destinados en ese Puesto, según un comunicado remitido esta mañana por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
En ese momento no había ninguna patrulla de dicha unidad prestando servicio, a pesar de lo cual resulta incomprensible que la decisión de detener al presunto autor no se haya adoptado hasta cinco días después, teniendo en cuenta que se le acusa de un supuesto delito de amenazas de muerte hacia los agentes de la autoridad y otro de violencia en ámbito familiar. Dicha persona fue una de las 12 detenidas en una operación contra el tráfico de drogas realizada en esa localidad hace unos meses, que supuso el desmantelamiento de un grupo criminal y que llevó a ocho de ellos, incluido el citado individuo, a prisión.
La AUGC considera este hecho de suma gravedad, porque supone un nuevo peldaño en la escalada de violencia que los guardias civiles destinados en Bujalance sufren desde hace años, tal como esta asociación profesional viene denunciando públicamente, incluso en el Congreso de los Diputados mediante preguntas al Gobierno.
Anteriormente ya se han producido muchas otras situaciones preocupantes, con numerosas y brutales agresiones a los agentes, incluso estando fuera de servicio, vehículos oficiales destrozados, amenazas de muerte, insultos, pero este último hecho es la gota que colma el vaso, ha llegado el momento de que las instituciones y estamentos implicados adopten todas las medidas necesarias para atajar el problema, incluyendo la Subdelegación del Gobierno, la Jefatura de la Comandancia de Córdoba, la Dirección General de la Guardia Civil e incluso el Ayuntamiento de Bujalance en lo que le corresponda.
La AUGC lleva años avisando que el Puesto de Bujalance precisa una plantilla mucho mayor, porque al no poder habilitar todos los servicios de vigilancia y prevención que son necesarios, la seguridad y las incidencias deben ser atendidas en muchas ocasiones por patrullas de otras poblaciones, con los perjuicios que ello conlleva para la ciudadanía, teniendo en cuenta que se encuentran distantes y además no conocen adecuadamente la demarcación, delincuentes habituales, y otras circunstancias específicas. A lo cual se añade que mientras esas otras patrullas se encuentran desplazadas no están vigilando y prestando servicio en sus propias demarcaciones.
En las sucesivas convocatorias publicadas no se asignan vacantes al Puesto de Bujalance, y lo mismo ocurre en el resto de la provincia, por lo que a la vista de que no llegan los recursos humanos necesarios, ni van a llegar, la única solución posible es la que AUGC lleva un tiempo reclamando incluso en el Congreso de los Diputados, la reorganización del despliegue territorial de la Guardia Civil y la configuración de un nuevo modelo policial.
La AUGC viene avisando desde hace tiempo que el grave problema del déficit de guardias civiles y de los índices de criminalidad en la provincia de Córdoba no se resolverá hasta que se impliquen todos los estamentos, tanto instituciones como partidos políticos, sindicatos y organizaciones de distinto tipo, para exigir al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil que se cubran todas las vacantes existentes y se incremente el catálogo, dejando de tratar a Córdoba como una provincia de segunda en lo que a seguridad pública se refiere.
