El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha dado hoy "la bienvenida al cambio de criterio" del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy (PP), al anunciar que suspende "los efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y del Bachillerato", más conocidas como 'reválidas', hasta que se alcance el Pacto de Estado por la Educación que prometió durante su discurso de investidura este miércoles.
En declaraciones a los periodistas en Córdoba, el consejero ha aclarado que "hay que ver en detalle en qué consiste esa declaración", que "en el ámbito de las intenciones responde a algo que lleva reclamando la Junta de Andalucía desde hace mucho tiempo", de manera que ha reiterado que "hay que ver exactamente en qué se materializa".
Al respecto, ha subrayado que "la cuestión de fondo es que el Gobierno andaluz discrepa de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) en su conjunto", de modo que espera que "haya un pacto educativo, que con cierta visión debería incluir también el papel de la educación superior en el ámbito que toca".
En este sentido, ha recordado que "ya el año pasado para evitar las negativas consecuencias de la Lomce en esta materia en el acceso a la universidad, que no es solo la reválida, que es muy importante entender la diferencia", uno de "los peligros" era la desaparición del Distrito Único, ante lo cual "se pactó con los rectores hace un año para mantenerlo en Andalucía y se estaba en proceso de buscar extenderlo a otras comunidades autónomas y otras universidades".
Acuerdo con los rectores
Y la segunda cuestión era "la naturaleza en sí de las pruebas", ha añadido el consejero, quien ha señalado que "el Gobierno aún no había definido unas pruebas que serían en su caso al final de este curso y en Andalucía se había acordado con los rectores, que cualquiera que fueran las consecuencias académicas, mantener la prueba de acceso a la universidad en términos parecidos".
En su opinión, ha defendido que en el caso de las universidades públicas está "claro que tiene que mantenerse cierta coherencia del sistema, que garantice la igualdad de oportunidades y el mérito en un sistema sostenible presidido por la excelencia", algo que supone "una definición que cualquiera debería poder admitir".
Para ello, considera que "las claves son darle a las universidades los recursos y la confianza necesaria para que puedan representar los intereses de la sociedad", a lo que ha apostillado que "a estas alturas tener que estar discutiendo esta cuestión resulta sorprendente, porque en este país debería estar suficientemente claro desde hace ya muchos años, y sin embargo, de vez en cuando nos enfrascamos en nuestras propias cuitas y no avanzamos", ha indicado.
