El Gobierno de la Nación, en respuesta a preguntas del diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha señalado que el vertido de orujo que se produjo el pasado 19 de junio al río Guadalquivir, desde la orejera Oleícola El Tejar en Pedro Abab (Córdoba) y que se extendió hasta la capital cordobesa, provocó "un daño a la calidad de las aguas cifrado en 244.050 euros" y, además, "produjo una mortandad de organismos acuáticos, recogiéndose 6,3 toneladas de cadáveres de peces".
A este respecto y en contestación a las interrogantes planteadas por el diputado socialista, el Ejecutivo central ha señalado que "las afecciones producidas a la fauna y flora acuícolas deben ser evaluadas por la Consejería del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía", de forma que, "una vez que se tengan todos los informes de evaluación, incluidos los que corresponden a la Administración autonómica, se efectuará una valoración global del incidente".
Por lo que se refiere a la intervención de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que según el Gobierno comenzó a "actuar inmediatamente tras tener conocimiento del hecho, a las 13,30 horas del pasado 20 de junio", dicho organismo estatal "empleó todos los medios a su alcance para la mitigación de este vertido" de "residuos líquidos, "estimado en 1.627 metros cúbicos", dando lugar a una "lengua contaminante" que "alcanzó finalmente una longitud de alrededor de 21 kilómetros".
Investigación ultimada
Junto a ello, el Gobierno ha precisado que "la investigación sobre los hechos producidos se encuentra ultimada" y que "las sanciones a imponer son las que corresponden de acuerdo con el Título VII del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas", de forma que, "considerando en particular los daños producidos al dominio público hidráulico", los hechos "tienen una tipificación de muy graves".
El Ejecutivo central, ha añadido que "el vertido se produjo en una instalación cuya autorización y control no compete a la Administración General del Estado", sino a la Junta de Andalucía, que fue "la primera administración actuante y conocedora del vertido", y "no consta que dicha administración comunicara la incidencia, ni su actuación, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".
