Tras la visita realizada esta mañana, los técnicos de la GMU, en función de los informes de seguimiento que se llevan reportando desde el año 2016, han determinado la necesidad de seguir clausurando las dependencias más afectadas, a la vez que impulsar la elaboración inmediata de una nueva inspección detallada del edificio que determine si el grado de afección a la seguridad estructural se mantiene dentro de límites aceptables, tal y como se viene recogiendo en los últimos informes de Intemac, la empresa encargada de esta labor desde la fecha anteriormente citada.
De la misma manera, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), ha informado de que la GMU impulsará la rehabilitación del edificio en el año 2020, una vez que se resuelva la situación judicial que afecta a la reforma del edificio.
En este sentido, cabe recordar que, tras la recepción de las obras en 2008, los primeros problemas que obligaron al cierre del edificio se produjeron en septiembre de 2010. El Ayuntamiento demandó a la empresa encargada del primer estudio geotécnico, y el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Córdoba, en sentencia de 04/09/2018, condenó a Cemosa como autora de un estudio geotécnico deficiente a pagar una indemnización a la GMU por un importe total de 1.489.857,798 euros.
Este fallo fue recurrido por la empresa y en estos momentos se sigue a la espera de que la decisión de los tribunales sea firme para poder acometer la rehabilitación.
Mientras que esta situación se resuelve y se pueden acometer las obras de rehabilitación, desde la delegación de Participación Ciudadana que dirige Eva Contador (PP), se van a buscar espacios alternativos que permitan continuar con las actividades previstas del Centro Cívico causando las mínimas molestias a los usuarios.
