Viernes 10.04.2020

DISTRITO NOROESTE

La Junta afirma que el local desalojado no era una vivienda y carece de las condiciones mínimas de habitabilidad

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) señala que el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Córdoba es la encargada de informar sobre la situación extrema de determinadas familias para acceder a una vivienda

La organización APDH fue la que denunció el doble desalojo de locales en Córdoba
La organización APDH fue la que denunció el doble desalojo de locales en Córdoba
La Junta afirma que el local desalojado no era una vivienda y carece de las condiciones mínimas de habitabilidad

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, sostiene que el local en el que residían las familias del barrio cordobés de Las Moreras "no cumple en absoluto las mínimas condiciones de habitabilidad" y asegura, al mismo tiempo, que el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda es "quien debe evaluar su necesidad y asignarles una vivienda".

En una nota pública, AVRA detalla que la denuncia contra estas dos familias se tramita a instancias del titular adjudicatario del local, quien se dirige a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, propietaria del mismo, para entregar las llaves y renunciar a dicho local, argumentando que "lo han ocupado ilegalmente".

En este sentido, aclara que "el local no es una vivienda y, por tanto, no reúne en absoluto los requisitos y condiciones mínimas de habitabilidad", dado que "carece de la infraestructura necesaria para ello, como baño o cocina", por lo que "no puede ser usada como lugar de residencia al no disponer de los servicios indispensables para ello". Dado que no se dan esas condiciones, es por lo que se denuncia "no solo la ocupación, sino su uso irregular como vivienda".

Además, AVRA dice que desconoce "la composición y situación de las familias que ocupaban el local", porque no ha recibido "en ningún momento" información alguna del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Córdoba, competencia del Ayuntamiento y responsable de determinar la situación de exclusión social o necesidad de las familias para trasladarlo, como corresponde, a esta agencia pública.

La responsabilidad, del Ayuntamiento

Si como aseguran las familias denunciadas y la Asociación Pro-Derechos Humanos (APDH), los ocupantes de este local estaban inscritos en dicho Registro, "deberían ser los responsables del registro municipal de demandantes quienes hubieran evaluado la situación de emergencia social y riesgo de exclusión social en que al parecer se encuentran dichas familias y en su caso, proponerlas a AVRA como adjudicatarias prioritarias de vivienda protegida para, en el momento que hubiera alguna vivienda libre en el parque público de Córdoba, poder adjudicarlas a los citados demandantes", explican desde la agencia.

Sin embargo, agregan, "el Registro Municipal no se ha dirigido en ningún momento a esta agencia en relación con la situación de estas familias".

Si el registro municipal hubiese comunicado a AVRA una situación "extrema", estas familias "podrían haberse beneficiado de la adjudicación de alguna de las 160 viviendas que desde mayo del pasado año han quedado libres en Córdoba y se han asignado a familias especialmente necesitadas" y que son propuestas por el citado registro, de acuerdo a la normativa que regula los procesos de adjudicación de vivienda pública en Andalucía.

También, recuerdan que el propio Defensor del Pueblo Andaluz, en una situación similar ocurrida meses atrás en el barrio del Puche, en Almería, opinó que "la situación concreta del uso de unos locales como viviendas reviste serio peligro para sus moradores, sobre todo para los menores que allí viven, al carecer de las condiciones adecuadas de seguridad y salubridad". El Defensor instó a las administraciones competentes a actuar en ese caso, apostillan desde AVRA.

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