La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) ha denunciado en un comunicado que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha ordenado el desahucio por la vía judicial y penal de dos familias cordobesas que llevan "años" solicitando una vivienda protegida. Las dos familias, según APDH, son dos parejas de jóvenes trabajadores, una de ellas con dos menores y otra esperando un hijo, que vivían en un local comercial propiedad de AVRA en la barriada de Las Moreras. "Su única falta consiste en no tener una situación económica que les permita acceder al mercado libre de vivienda y que la administración no les haya dado ninguna respuesta efectiva para atender este derecho básico", asegura el colectivo.
El comunicado continúa criticando que la agencia de la Junta de Andalucía que gestiona el parque público andaluz de vivienda social "haya considerado que la solución para esta situación era un desahucio por la vía penal, en vez de activar los recursos sociales necesarios para ofrecer una alternativa habitacional digna a estas familias". El local ocupado, asegura la ONG, ha estado vacío desde su construcción a principios de los años 90, fecha de la que datan las últimas promociones de vivienda social en la ciudad. Además, según fuentes judiciales que cita APDH, éste no es el único procedimiento penal que ha impulsado AVRA en situaciones similares en las últimas semanas.
APDH sostiene que ha mantenido reuniones con la Junta para que desistiera de la vía penal, sin conseguirlo. Los argumentos de AVRA se basan en afirmar que "estas familias son conflictivas y que los vecinos del edificio habían solicitado la actuación de la administración", algo que la asociación ha desmentido, afirma, mediante varios testimonios. El juicio contra ambas parejas se celebró el pasado jueves y ahora están a la espera de una sentencia.
Por todo lo anterior, APDH denuncia "que la Junta de Andalucía, a través de su Agencia de Vivienda y Rehabilitación, recurra a la forma de desahucio más expeditiva posible como respuesta ante las realidades de auténtica emergencia habitacional que se viven en nuestra comunidad en general y en Córdoba en particular. Entendemos que son acciones incompatibles con el discurso sostenido desde el Gobierno andaluz" y "consideramos inaplazable que la Junta de Andalucía amplíe urgentemente la oferta de vivienda social en nuestra ciudad, prácticamente congelada desde hace más de 20 años, y que casos como los aquí descritos sean tratados exclusivamente a través de los servicios sociales, renunciando a cualquier tipo de acción represiva y/o punitiva".
