Medio Ambiente

Urbanismo sigue investigando para ver si se imponen sanciones en Recicor XXI

Lo que parece claro es que se amplió la planta sin la pertinente licencia, pero se desconoce si la actividad que salió ardiendo se realizó dentro o fuera de los límites iniciales

Incendio 3
photo_camera La planta cuando todavía no se había cubierto con arena y cenizas

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García, ha informado, a través de un comunicado, que "desde este organismo autónomo seguimos con diligencias abiertas para que los servicios de Inspección y Licencias continúen analizando la situación de la licencia de obra y de actividad en materia urbanística que posee la planta de reciclaje Recicor XXI, así como la legalidad de la obra realizada y la actividad que se desarrolla, para adoptar las medidas urbanísticas y acciones disciplinarias que procedan".

Así, entre las medidas a llevar a cabo, y en coordinación con el área municipal de Seguridad, se realizarán las visitas y actuaciones pertinentes a la zona donde ardieron toneladas de plástico prensados en palos de madera, provocando la alarma social con la inmensa nube de humo negro que generaron las llamas durante varios días.

Planta de reciclaje incendio 1

García ha querido recordar que, en cuanto a los antecedentes urbanísticos, se parte de una autorización para la instalación en suelo no urbanizable amparada en el proyecto de actuación aprobado por el Ayuntamiento el pasado 1 de junio de 2006, en unos terrenos de 18,66 hectáreas (es decir, 186.690,50 metros cuadrados), para el vertido de escombros y de residuos.

Sobre esos mismos terrenos se concedió la licencia de actividad el pasado 26 de agosto de 2009 y de obra el 29 de septiembre del mismo año, y por entonces, el objeto de la empresa perteneciente al Grupo Barea era como 'Planta de Reciclaje y Demolición y Vertedero de Residuos no peligrosos de la construcción'. La capacidad del vertedero se estipulaba en 1.866.500 toneladas métricas, el vaso de vertidos tenía una capacidad de 75.000 metros cúbicos y la balsa de lixiviados, de 5.500 metros cúbicos.

Una licencia muy concreta

Según García, la actividad para la que se concede licencia es, básicamente, la amparada en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) aprobada por la Consejería de Medio Ambiente, el 26 de enero de 2009.

En materia de antecedentes ambientales, la planta cuenta con la citada AAI, que contempla básicamente residuos de construcción, como grava o roca; residuos de fabricación de cemento, como hormigón o ladrillos; madera, vidrio y plástico; mezclas bituminosas sin alquitrán; metales; materiales de construcción a partir de yeso; tierras, piedras, arenas y otros residuos de la construcción y residuos de amianto (como el fibrocemento). Los terrenos para los que se solicita y emite esta autorización coinciden con los del proyecto de actuación en suelo no urbanizable y posterior licencia de obra y de actividad.

Con motivo del inicio de la tramitación de una nueva modificación, en este caso sustancial, de la AAI, que, según la normativa aplicable en aquel momento, conlleva la solicitud de licencia de actividad, la Consejería de Medio Ambiente lo comunica al Ayuntamiento y la GMU, con el PP al frente, somete el 11 de octubre de 2011 a información pública esa solicitud de licencia de actividad cuyo ámbito son unos terrenos de 21,2 hectáreas (es decir 212.000 metros cuadrados), lo que equivale a decir 2,54 hectáreas más que en la licencia vigente. Pero esa tramitación no tuvo continuidad.

Extinción del incendio

Finalmente, el 11 de noviembre de 2014 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) comunica a la Gerencia que da autorización a la solicitud de ampliación de la planta de reciclaje. Pero al no aparecer antecedentes sobre la tramitación de licencia de ampliación para esa instalación, la GMU solicita a la Policía Local que corrobore si se había o no ampliado la planta de reciclaje. Así, el 23 de abril de 2015 el cuerpo emite una denuncia por excederse en las autorizaciones concedidas, ya que no estaba amparada la ampliación de la planta en la licencia concedida.

Por su parte, el concejal de Presidencia, Emilio Aumente, ha explicado que la Junta de Andalucía "imagina que todo lo relacionado con la seguridad en la Campiña municipal es competencia del Ayuntamiento". Por este motivo, hoy se iba a celebrar una reunión en Urbanismo entre el director general de Seguridad y el jefe de bomberos para investigar lo ocurrido en la planta.

Según Aumente, "hasta que no tenga el informe cerrado no voy a decir lo que no sé". En cualquier caso, todo parece apuntar, como ha indicado ya García, que se han llevado a cabo unas ampliaciones de las instalaciones sin las pertinentes licencias. A eso se le añade las sospechas de el diputado de Podemos David Moscoso de que allí se ha quemado amianto y restos procedentes de la central termina de Puente Nuevo.

"Mi cometido en este momento ha sido apagar el fuego y otro ámbito no tengo", ha advertido Aumente, quien, al hablar de futuro, ha considerado fundamental saber qué tipo de industria se pueden instalar en esos emplazamientos, así como acometer medidas urbanísticas y de inspección.

Incendio 4

Las cosas, de todos modos, no están tan claras como más de uno quiere dar a entender. Por lo pronto, hay pruebas de que se llevó a cabo una ampliación de la planta sin licencia. El problema es determinar qué actividades van incluidas en la licencia inicial y cuáles no, y dónde se llevaban a cabo: si en la ampliación realizada o bien en el espacio ya existente con anterioridad.

El caso es que la planta sigue abierta y nadie la ha cerrado ni clausurado. Además, "el fuego sigue activo, pues los bomberos acuden y, aunque ya no estamos las 24 horas, sí vuelven para comprobar que eso no se dispare y para actuar cuando aparece alguna chimenea", ha incidido Aumente.