El delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba y responsable de la Oficina en Defensa de la Vivienda, Rafael del Castillo (IU), y el director de la Oficina, Javier Lucena, se han reunido, por segunda vez, con representantes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), dentro de la línea de contactos y colaboración con entidades bancarias que está llevando a cabo el ente municipal con el único objetivo de conseguir viviendas de dichas entidades para ponerlas a disposición de los que no tienen una alternativa habitacional, según un comunicado remitido esta mañana por el Ayuntamiento.
El concejal ha anunciado que "SAREB nos ha ofrecido firmar un convenio de un mínimo de cinco viviendas, que habría que adecuar entre el Ayuntamiento y la propia entidad bancaria, y que serían cedidas al Consistorio por un período de ocho años". En este sentido, Del Castillo ha señalado que "vamos a estudiar con detenimiento la propuesta y, tras ello, decidir si es lo que interesa a este Ayuntamiento o no, para continuar luchando contra el grave problema que existe en nuestra ciudad y que afecta a tantos cordobeses y cordobesas, como es no tener una vivienda digna".
Según Del Castillo, "uno de los objetivos más importantes que nos marcamos desde el inicio del mandato ha sido encontrar alternativas habitacionales a personas que no la tienen y por eso estamos poniendo tanto empeño para solucionar dicha realidad".
Conversaciones con entidades bancarias
El delegado ha señalado que desde la apertura de la Oficina en Defensa de la Vivienda, a finales de septiembre pasado, se han iniciado conversaciones con las principales entidades bancarias de la ciudad, tales como Cajasur, La Caixa, Banco Popular, Bankia, Unicaja, BBVA o la propia SAREB.
Doble vía de actuación: O convenio sobre viviendas o vías de negociación para mediar en lanzamientos
"A todas esas entidades se les ha planteado dos líneas principales de trabajo, o un posible convenio para la puesta a disposición de familias en exclusión y crisis habitacional de viviendas en alquiler social o la apertura de canales estables de comunicación para la mediación en casos de ejecución hipotecaria y de lanzamiento por ocupación", ha continuado Del Castillo.
En este sentido y como primer resultado efectivo, en diciembre de 2015 se llegó por fin a un acuerdo sobre un texto para convenio con Cajasur, firmado en febrero de este año, por el que la entidad bancaria pone a disposición del Ayuntamiento 55 viviendas ubicadas en la capital para alquiler a familias en riesgo de exclusión social.
