La consejera de Igualdad y Servicios Sociales, Rocío Ruiz, y el alcalde Córdoba, José María Bellido (PP), han mantenido esta tarde una reunión de trabajo para coordinar actuaciones en los tres barrios Intervención en Zonas desfavorecidas (Eracis), Las Palmeras, Las Moreras y el Distrito Sur, donde está previsto aplicar planes integrales desde el Consistorio y en cuya elaboración y posterior desarrollo también participaran entidades privadas.
La responsable autonómica ha adelantado que en las tres zonas Eracis se van a destinar 5 millones de euros, a los que hay que añadir otros 1,5 millones "que en 2018 no se ejecutaron por el anterior Ejecutivo". La consejera ha añadido que a lo largo del presente mes de octubre se incorporarán 29 trabajadores sociales y psicólogas, que se unirán a los cuatro "que ya están de refuerzo trabajando ya" con el objetivo de poder ir incrementando el personal hasta 2021.
De igual modo, la consejera ha informado al regidor popular que su Consejería ha acelerado el pago de las ayudas a domicilio, donde "se había producido un importante colapso", y a Córdoba ya se ha hecho efectivo el ingreso de 7 millones de euros, de los que 5 millones estaban pendientes del año 2018, por lo que "nos hemos puesto al día".
En cuanto a las listas de espera en servicios sociales, Ruiz ha indicado que Córdoba "es un modelo de gestión", a la hora de acelerar las listas, que recogen "cifras muy complicadas en dependencia con más de 21.000 personas sin contabilizar, de las que más de 3.700 son de Córdoba".
La titular de Políticas Sociales ha informado que, "mediante un sistema de triaje, el Ayuntamiento de Córdoba ha conseguido reducir a la mitad las listas de espera en los centros que estaban colapsados; por lo que desde la Consejería se estudiará la forma, siempre que sea viable, de instar a otros ayuntamientos a hacer lo mismo para solucionar este grave problema".
Así, de cara a las más de 3.700 solicitudes de dependencia sin registrar por ningún medio por parte del anterior Gobierno que se han encontrado en la provincia, se han incorporado ya 14 personas para la tramitación de la Renta Mínima, "que lleva más de un año colapsada", con una inversión de 227.767 euros y que son cinco trabajadores sociales y nueve auxiliares administrativos.
La idea es "reforzar el trabajo para que todos ellos los dependientes pendientes se acaben grabando", por lo que se han contratado a más de 1.200 refuerzos para toda Andalucía.
De todas forma, la consejera ha anunciado que habrá que seguir trabajando, y para ellos la Consejería está a la espera de la evaluación del impacto de Renta Mínima, y el avance "nos dice claramente que habrá que hacer un cambio normativo, puesto que los requisitos no permiten que lleguemos a todas las personas que nos necesitan". De igual modo, se está digitalizando todo el proceso para un pago de 198 millones de euros.
