Martes 12.11.2019
Cordoba Hoy

EL CMC APORTA SUS PUNTUALIZACIONES

Aprobado el reglamento de Centros Cívicos con un nuevo régimen sancionador

La iniciativa nace con polémica, porque el PP ha advertido de que se da pie a que se conviertan en "sede de determinados partidos políticos para sus mítines con la excusa de que sean de carácter informativo"

Antonio Toledano Roldán, presidente del CMC, en el Pleno sobre Centros Cívicos
Antonio Toledano Roldán, presidente del CMC, en el Pleno sobre Centros Cívicos
Aprobado el reglamento de Centros Cívicos con un nuevo régimen sancionador

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado esta mañana de forma inicial el proyecto del reglamento de usos de los centros cívicos y otros equipamientos para la participación ciudadana, que incluye, entre otras cuestiones, un régimen sancionador para quienes lo incumplan, así como nuevas fórmulas de gestión y cogestión de los centros cívicos, de forma que tengan una mayor implicación de las entidades ciudadanas, de colectivos, de asociaciones, de otros agentes para la participación para la gestión de eso centros", según ha explicado la responsable municipal de Participación Ciudadana, Alba Doblas (IU).

Se trata de un reglamento que ha nacido ya con cierta polémica, puesto que el viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, ha declarado que es un texto "susceptible de revisión de inmediata en el próximo mandato", a tenor del punto 8 en el artículo 14 que permite que "los centros cívicos sean sedes de determinados partidos, en este caso de IU, lo que resulta inaceptable".

Al tiempo que el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Antonio Toledano, ha dado a entender durante su intervención en la sesión plenaria que no es un reglamento completo y que quedan puntos por solventar, como es el hecho de que sigan dejando fuera del uso de los centros cívicos, precisamente, las actividades políticas, sindicales, económicas, empresariales y religiosas.

Centro Cívico Norte

Según Doblas, el proceso ha contado con una participación amplia y exhaustivo que ha durado dos años, y que es precisamente lo que ha llevado al PP a abstenerse, en lugar de votar en contra, al igual que han hecho Unión Cordobesa y Ciudadanos durante la sesión plenaria. Y es que ha sido un proceso que comienza desde el inicio del mandato, cuando en enero de 2016 la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara hizo llegaran Consistorio un documento sobre el uso de los centros cívicos.

A eso hay que añadir las Jornadas de Participación Ciudadana, amén de un documento del CMC de septiembre de 2017, con lo que se inició un proceso de elaboración de un nuevo reglamento a fin de adaptarlo al reglamento de juntas municipales de distrito. 

Así, el nuevo reglamento, según la responsable de Participación Ciudadana, define "lo básico con que deberían contar estos espacios y de determinar el personal necesario para un adecuado funcionamiento del mismo". De igual modo, "tratar de establecer de forma clara y sostenible su polivalencia" y eso significa que no puede ser usado en exclusiva por determinadas entidades y organismos, al tiempo que pasan a ser espacios en los que "distintas delegaciones municipales pudieran trabajar de forma desconcentrada y de la mano de todas las entidades ciudadanas".

Casa Ciudadana

A partir de ahora, hay dos tipos de equipamiento, los de ciudad y los de distrito, en cuanto al régimen disciplinario, se trataba, en palabras de Alba Doblas, de "una carencia que tenía el reglamento anterior y que hay que incluir para salvaguardar los centros cívicos para lo que son, es decir la participación ciudadana y la desconcentración administrativa".

En este sentido, si hay un régimen de usos debe de haber, a la vez, otro de infracciones y, en consecuencia, de sanciones, pero no económicas, sino en no permitir el uso de los centros para fines extraños. Hasta la fecha, únicamente se podía advertir al infractor de que estaba cometiendo un inadecuado uso de los centros, pero a partir de ahora, quienes lo incumplan podrían dejar de utilizarlos durante seis meses o dos años y si es extremadamente grave, como llevarse material del centro o causar destrozos, "la exclusión definitiva".

Preguntada sobre cómo quedarían con el nuevo reglamento casos como los de la Hermandad de La O o el de Ganemos Córdoba, Doblas ha señalado que desde ahora "se delimitan claramente cuáles son las actividades que se pueden llevar a cabo en estos espacios y se establecen unos principios de objetivación en la denegación o en la permisión del usos". Por esta razón, la edil ha hecho un llamamiento "a la sensatez de todas las entidades" en este sentido.

Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Sur

Según Doblas, las hermandades, como cualquier otra organización o colectivo, tienen abierto el uso de los centros "para actividades de participación ciudadana". De hecho, "han sido llamadas en numerosas ocasiones tanto para la constitución de los consejos de distrito como para distintas comisiones, como la del Casco Histórico donde la agrupación se negó a participar", ha recordado. "Creemos que es una polémica artificial, ya que para la participación ciudadana los centros cívicos están abiertos a todo el mundo, y no se establecen exclusiones en virtud del sujeto, pero sí hay que llamar a la sensatez a la hora de usarlos para lo que son", ha insistido.

Entre tanto, Salvador Fuentes ha advertido que hay que apartar de estos centros las actividades políticas y sindicales, tal y como se especificaba en el anterior reglamento, en su artículo 51. "No podemos ni debemos pagarles las sedes a partidos políticos como ha ocurrido en estos últimos cuatro años, y hasta el Consejo del Movimiento Ciudadano ha pedido que se pidan responsabilidades" al respecto. Según el PP, tal como queda redactado el punto 8 del nuevo reglamento, el centro cívico va a servir para "mítines políticos del tripartito con la excusa de que sean de carácter informativo, y eso es, sencillamente, de juzgado de guardia".

Y es que literalmente ese apartado del artículo 14 señala que "las actividades organizadas por partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales se autorizarán siempre que tengan carácter informativo y abierto a la ciudadanía".

También, Antonio Toledano ha especificado que el Movimiento Ciudadano se sigue reservando la oportunidad de seguir defendiendo cambios en el nuevo texto, en cinco aspectos que incluyen la definición de que es y de qué debe constar un centro cívico, y en este punto, por ejemplo, el presidente del CMC ha recordado que "no se puede llamara centro cívico a cualquier cosa, como sucede en el Distrito Noroeste".

Salvador Fuentes

También quiere que se definan "claramente" los servicios que deben desarrollarse de forma territorial y coordinada, ya que "están prestando menos servicios que hace 20", al no haber, por ejemplo, ni ludotecas ni Policía de Barrio o bien se actúa "de forma inconexa" en servicios sociales o biblioteca.

En tercer lugar, se exige que se sigan manteniendo fuera de los usos los ya citados de actividades políticas, sindicales, económicas, empresariales y religiosas. En caso contrario, se "acabará provocando la pérdida de su pluralidad y de su carácter abierto a toda la ciudadanía, sin discriminaciones", porque "ya hemos perdido el control de quién monta realmente caseta o cruz al tener miedo a decir no, y nos podría pasar igual con los centros cívicos".

También quiere el CMC que se precise la responsabilidad de cada órgano municipal de participación y de los órganos políticos y técnicos en la toma de decisiones de los centros para evitar confusiones innecesarias y desorganización, y por ello quedan por definir los centros de periferia y el papel de los representantes personales del alcalde o alcaldesa de turno y la posibilidad de ir a sistemas congestionados.

El último punto alude al personal que requieren estos centros para funcionar con todas sus competencias. Se da el caso en la actualidad de que se usa vigilancia privada por falta de ordenanzas y eso "limita las funciones a desarrollar", además de que se tienen que compartir técnicos entre centros  o hay carencias de personal administrativo y de atención a la ciudadanía.