El Grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba lleva al Pleno ordinario de junio una moción en la que insta al Gobierno Central y a los Grupos Parlamentarios del Congreso a iniciar el proceso para que se derogue aquellos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que impiden e imposibilitan a los Ayuntamientos prestar sus servicios con calidad, desarrollar sus competencias y su autonomía local”.
Junto a ello, se plantea como segundo punto de acuerdo “el estudio por parte del Gobierno de España de las medidas necesarias para el fortalecimiento de las Administraciones Locales, las más cercanas al ciudadano y las más cumplidoras con respecto al gasto de todo el Estado”.
Así lo ha destacado este domingo la portavoz socialista, Carmen González, que ha incidido en “la necesidad de derogar esta Ley del PP que ha supuesto un ataque frontal a la autonomía local y a su capacidad de prestar servicios a la ciudadanía”, algo que de manera unánime se considera desde el municipalismo.
“Esta reforma ataca y daña a la raíz misma del gobierno municipal, recorta competencias a los ayuntamientos y abre el camino a la desaparición o la privatización de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos”, ha criticado la portavoz del PSOE.
La segunda moción del Grupo Municipal del PSOE está dedicada a la prevención y el tratamiento de la ludopatía o juego patológico, una enfermedad reconocida por la OMS desde 1992, y que podría afectar en torno a un 4% de la población cordobesa. En el texto se reconoce la labor de ACOJER, que trabaja en este campo en Córdoba desde hace 30 años, y se recoge una batería de acuerdos relativos a regulación de la publicidad del juego, el control de los lugares donde se abre este tipo de establecimientos y a la protección de los más jóvenes respecto al riesgo de la ludopatía. El Ayuntamiento de Córdoba plantea que se comprometa por su parte a “colaborar en las campañas de prevención con proyectos dirigidos a menores y que incorporen la perspectiva de género”.
Respecto la primera moción, Carmen González ha recordado también que “los ayuntamientos han sido las Administraciones Públicas que han sufrido las políticas de austeridad más agresivas e insolidarias” y que “la reforma planteada priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como en otras competencias: sanidad, consumo, igualdad, políticas de empleo, etc.”.
“Esta Ley consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado, y en especial de las Entidades Locales, al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas en vez de situar la atención en los/as ciudadanos/as y la calidad en la prestación de servicios en el centro de la reforma”, se argumenta en la moción.
Paradójicamente, esta medida de “supuesto ahorro” -como recoge el texto de la moción- se establece sobre la Administración Local, la única que se mantiene sin déficit público en 2015 y las previsiones hasta 2019 se sitúan en el 0,0 %.
Dicha Ley es, además, “un ataque a la Carta Europea de Autonomía Local”. Todos los Grupos Parlamentarios en el Congreso se han opuesto a dicha reforma y alcaldes de toda España, incluidos muchos del Partido Popular. Por ello, se presentó contra ella un recurso de inconstitucionalidad”.
Igualmente, más de 3.000 ayuntamientos de toda España, que representan a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, plantearon un conflicto ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local constitucionalmente garantizada. Tanto los recursos presentados como el conflicto planteado fueron admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional, se recuerda en el texto.
Carmen González ha defendido que “la crisis económica plantea nuevos retos para las entidades locales, retos que, unidos a la necesaria derogación de la Ley para la Reforma Local, abren un escenario que debe estar protagonizado por las propuestas, el diálogo y el consenso político para resolver con eficacia los problemas que vienen arrastrando las entidades locales y cuyos primeros afectados son los ciudadanos y ciudadanas”.
“El principal objetivo debe ser aplicar el principio de subsidiariedad”, se apuesta en el texto de los socialistas, que añade que “las entidades locales son las administraciones más próximas a la ciudadanía. Por ello, reforzar su carácter democrático y mejorar su capacidad para prestar servicios deben ser las prioridades. Para ello es fundamental la participación de la ciudadanía en las decisiones más importantes de los ayuntamientos, mediante mecanismos efectivos de participación.
La segunda característica ha de ser la transparencia. La ciudadanía necesita saber de forma clara qué hace la administración que tienen más próxima. Solo así se podrá juzgar y controlar a los gobiernos locales y a sus representantes con responsabilidad. El tercer rasgo es la suficiencia presupuestaria. Desde hace mucho tiempo nuestros ayuntamientos necesitan unas competencias claras y unos ingresos suficientes para llevarlas a cabo. Solo una administración que atiende a sus ciudadanos y ciudadanas es una administración útil.
