La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) organiza hoy en Córdoba una jornada sobre producción fotovoltaica, dentro del programa 'Camino del Sol 2016': un recorrido de dos meses por toda España, que llega por primera vez a una ciudad andaluza y que incluye reuniones con autoridades y, en este caso, el encuentro de los productores fotovoltaicos andaluces para analizar la situación de su sector.
Según ha informado Anpier, "los fotovoltaicos recorren España para dar a conocer la situación del colectivo a la sociedad, defender su Proyecto de Transición Energética y exigir soluciones y respuestas al caos sectorial generado por la reforma Nadal-Soria".
En Córdoba hay instalados 200 MW fotovoltaicos, en manos de 1.500 familias, de las 8.000 familias de toda Andalucía, que aportan 900 MW, las cuales generan 297.960 MWh de energía al año y evitan la emisión de 92.695 toneladas de CO2 al año a la atmósfera.
En este sentido, desde Anpier se ha destacado que "una superficie de placas fotovoltaicas equivalente al Estadio de El Arcángel sería capaz de suministrar energía a 361 hogares, a un coste de 42,74 euros/MW, cuando el precio de la energía en el mercado asciende a 50 euros/MW".
Con la perspectiva de "un renovado orden político, basado en el consenso de las cuestiones esenciales del Estado, como la articulación definitiva de un modelo energético sostenible, justo y eficiente", Anpier realiza este nuevo recorrido por toda la geografía española para "impulsar la seguridad jurídica de todos las familias productoras fotovoltaicas y promover el uso social de la energía solar fotovoltaica, como base de un necesario cambio de modelo de generación eléctrica imprescindible, para combatir el devastador cambio climático que provocan las energías fósiles".
Drásticos recortes
En relación con ello, desde Anpier se ha señalado que "los drásticos recortes retroactivos impuestos por el Gobierno de Rajoy al sector fotovoltaico han obligado a la gran mayoría de las 62.000 familias productoras españolas a refinanciar sus instalaciones para no perder sus activos ni las garantías personales retenidas por la banca".
Se trata de "un esfuerzo financiero que volatiliza los retornos que el Estado ofreció a este sector, merma la situación económica de estas familias y cercena cualquier posibilidad de atender otras iniciativas productivas".
Además, en opinión de Anpier, "el nuevo marco esconde nuevas amenazas, como la posibilidad de un nuevo recorte, previsto para finales del año 2019, que desmoronaría al sector sin ya más opciones de refinanciación. Así como la sucesiva introducción de requisitos técnicos que complican la gestión a los pequeños productores".
Por todo ello, "el sector volverá a movilizarse un año más, para reclamar justicia y una solución política urgente que otorgue certidumbres y permita el desarrollo social de cualquier iniciativa productora pasada, presente o futura".
