El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento ha denunciado esta mañana la concesión por parte de la gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de licencia, mediante la fórmula de resolución, para una gran superficie en la Carretera de Palma del Río, concretamente la de 'Los Patios de Azahara', que ya en septiembre de 2018 causó gran revuelo entre la Federación de Comercio y la Confederación de Empresarios (CECO), y que ahora podría volver a encender la mecha de la polémica en esos mismos colectivos.
Según ha informado esta mañana el viceportavoz popular, Salvador Fuentes, que ha estado acompañado del edil responsable en el grupo de Urbanismo Luis Martín, "aquello ya se hizo de mala manera, sin previo conocimiento de los empresarios y del comercio, aún a sabiendas de que un proyecto como ése requiere de medidas compensatorias por el quebranto que supone al pequeño comerciante".
Pero en esta ocasión se caba de conceder la licencia des la GMU "sin haber pasado por la comisión de licencias, que se reunió el pasado 27 de febrero, mientras que la resolución se firmó el día 23, casualmente dos días antes de que finalizara la última de las tres prórrogas de actividad comercial concedidas por la Junta", ha apuntado Fuentes.
El proyecto, promovido por Global Megobrevi, habla de 23.000 metros cuadrados en suelo urbano consolidado, para dos edificaciones comerciales divididas en ocho módulos y con licencia para modificar parte de la zona de aparcamientos de Leroy Merlin y McDonald's. Todo ello dentro del Plan Parcial de Ordenación 'Industrial Carretera de Palma'. "Algo que, por cierto, no tiene tampoco informe preceptivo de Medio Ambiente como se exige al resto de proyectos", ha añadido el viceportavoz popular, quien también ha cargado las tantas en el hecho de que "no se habla ni de vía de servicio en la carretera ni contempla tampoco la calificación para una gran superficie".
En palabras de Fuentes, este tipo de situaciones, similares a la ocurrida el pasado verano con el velatorio que quería poner en marcha el Consistorio en el cementerio de San Rafael, "genera inseguridad jurídica" en el empresariado, tanto local como el que quiera venir a insulares a Córdoba, y las preguntas que surgen son: "¿Qué tiene que ocultar la alcaldesa, Isabel Ambrosio, a la que responsabilizamos de este desastre en la gestión urbanística? ¿A quién le está tapando la gestión? ¿Cómo se puede justificar una licencia de Urbanismo en apenas cuatro meses cuando habitualmente están tardando en concederlas entre dos y tres años? ¿Por qué hay tanta prisa en la Gerencia para aprobar el proyecto sin que ni siquiera se haya producido un debate político?".
En su opinión, resulta un "agravio alarmante" sobre otros promotores, al tiempo que ha recordado que la propia GMU estuvo durante tres años "paralizando" un proyecto similar en el Parque Tecnológico de Rabanales 21, "poniendo en peligro el propio futuro del parque, mientras que hoy con esa licencia se conculcan dos preceptos importantes como son que la licencia comercial ha caducado y que si no hay actividad comercial, como es el caso, queda ya sin efecto".
Luis Martín, por su parte, ha criticado el uso "partidista" y el "sectarismo" en la concesión de esta licencia, al tiempo que ha recordado que la propia Junta advirtió, el 8 de enero de 2009, de que "se podría acabar con la funcionalidad como vía de primer nivel de la A-431, la Carretera de Palma", por el desarrollo de los tres planes que hay en la zona ante la masificación comercial que se estaría dando y que supondría un incremento significativo del tráfico, que requeriría de medidas preventivas, como son vías de servicio.
