El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Córdoba, Juan Ostos, y el responsable de relaciones institucionales, Fran Cruz, se reunieron ayer con los portavoces del Partido Popular en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite y María Jesús Botella, quienes han anunciado que esta formación política va a presentar en el próximo Pleno de la Diputación Provincial, y posteriormente en los diferentes ayuntamientos de la provincia, una moción instando al Gobierno central a que "se garantice el equilibrio entre las retribuciones y los derechos de todos y cada uno de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el resto de cuerpos policiales con competencias en España", así como "a la aprobación de normas de carácter básico que, sin interferir en las competencias de otras administraciones, eviten que estos desequilibrios que ahora se trata de corregir vuelvan a producirse en el futuro".
La AUGC ha insistido en que la partida presupuestaria mínima necesaria para alcanzar la equiparación real y total con las policías autonómicas es de 1.500 millones de euros, comenzando con la inclusión de 500 millones de euros en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), aprobándose en los años siguientes consecutivos otros 500 millones por año. Los representantes del PP han afirmado que ésa será la dotación presupuestaria que se destinará a tal efecto.
Enmiendas a la moción del PP
La Asociación ha trasladado varias propuestas de enmiendas al texto de la moción, sobre todo para que resulte inequívoco el posicionamiento favorable a materializar de un modo efectivo y sin condicionantes la equiparación salarial de los cuerpos policiales estatales respecto a los autonómicos y locales, enmiendas que los diputados provinciales se han comprometido a estudiar.
Pero, además, en el encuentro también se han abordado otras cuestiones relevantes para el colectivo en general, como la inaplicación del Código Penal Militar, el derecho de sindicación, la necesidad de un catálogo de puestos de trabajo y el establecimiento de turnos laborales, así como otros asuntos de ámbito provincial, como el déficit de plantilla, el mal estado de las instalaciones y de los vehículos, la escasez de medios, y la necesaria reorganización de unidades.
