Empresa de ayuda a domicilio

Podemos denuncia que ServiSar ha informado a usuarios de grado III que no van a ser atendidos

El grupo municipal señala que en Cádiz existe un protocolo con la Diputación de Cádiz que determina claramente los servicios
Juan Alcántara con el cartel de Stop Desahucios colocado en el antiguo despacho que les correspondía 1
photo_camera Juan Alcántara en el Ayuntamiento de Córdoba

Desde el Grupo Municipal de Podemos Córdoba se han pedido explicaciones, a través de un comunicado, a los servicios sociales del Ayuntamiento respecto a las medidas adoptadas en el servicio de ayuda a domicilio ante la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Y es que a raíz de unas llamadas al grupo por parte de personas usuarias del servicio donde les informaban que la empresa adjudicataria del servicio, ServiSar, dejaba de prestar el servicio a dichos usuarios de manera temporal, y tras preguntar expresamente a la delegada de servicios sociales, Eva Timoteo (Cs), se plantean varias dudas y sugerencias al respecto.

"¿Bajo qué condiciones o circunstancias se anula la prestación de dicho servicio? ¿Se mantendrá el servicio a personas usuarias de grado II y III totalmente? Si es así, tal como indican desde la Delegación, ¿por qué Servisar está llamando a usuarios de grado III para suspender el servicio? ¿Por qué no existe, como sí sucede en provincias como en Cádiz, un protocolo claro al respecto, basado y acorde en el decreto de la Junta de Andalucía?".

Medidas de protección

Podemos también se pregunta "¿por qué no se aclara con dicho protocolo las condiciones de servicios mínimos, las medidas de protección ante el contagio y se coordinan las administraciones locales y provinciales para la dotación de Equipos de Protección Individual (EPIs) adecuados y necesarios para la realización del servicio?".

Según el concejal de Podemos Córdoba Juan Alcántara, "estamos a la espera de una respuesta y acción claras para que este servicio cumpla su labor fundamental para las personas usuarias y sus familias, más  aún en estos momentos. A la vez y de manera igualmente importante, queremos garantías de seguridad para las trabajadoras de la empresa adjudicataria. Las administraciones locales y provinciales deben dotarse de un protocolo claro al respecto, con medidas de protección prioritarias y el suministro de EPIs inmediato. No podemos esperar, sino actuar y exigir desde lo público que la empresa cumpla".

A continuación se ofrece el una parte del protocolo con la Diputación de Cádiz:

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