La anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) del impuesto municipal de plusvalías va a suponer, según ha avanzado hoy la concejal de Hacienda, Alba Doblas (IU), una merma en los ingresos de las arcas municipales de unos 5 millones de euros, según estimaciones del Servicio de Recaudación local, ya que, seis meses después de conocerse la sentencia, "no se ha producido ninguna medida compensatoria por parte del Gobierno de Mariano Rajoy". La edil, además, ha advertido que es una previsión de pérdidas únicamente para 2018, que se incluye en el informe económico-financiero, que forma parte del volumen del Presupuesto y que tendrá que ser aprobado por la Junta de Gobierno Local (JGL).
En este sentido, Doblas ha advertido de que "el PP puede hacer malabarismos verbales, pero lo cierto es que el Gobierno de España no ha hecho sus tareas y esa desidia la van a acabar pagando los ayuntamientos". Y es que, a pesar de que tenía carácter urgencia, ha pasado ya más de medio año de la sentencia y "se le han pasado las prisas a los populares por saber qué medidas compensatorias tiene que poner en marcha el Ejecutivo central, ya que el error fue de ellos, a pesar de que se advirtieron tanto por parte de los tribunales como de la Federación Española de Municipios y Provincias", ha añadido.
Según la edil, por el momento no hay noticias de que se hayan producido devoluciones en la capital cordobesa, al tiempo que ha querido recordar que los impuestos los marca el Ministerio de Hacienda y nos los consistorios, cuyas competencias se limitan a las tasas, "por lo que nosotros no podemos variar a legislación".
En cualquier caso, la concejal ha considerado legítimo que la ciudadanía cordobesa pueda reaccionar a la sentencia del TC para reclamar esas cantidades pagadas por las plusvalías y emplear los mecanismos que estén en sus manos. En esta caso, el papel del Ayuntamiento parte que va a ser claro: Ya que ahora mismo no se han dado los instrumentos legales necesarios para que los ayuntamientos puedan adoptar medida alguna, tal y como sugirió en su momento la FEMP al Gobierno, entre tanto, "tenemos que tener en cuenta una bajada de ingresos no compensada pese a ser un error del estatal y poner en marcha medidas informativas para el ciudadano".
Eso implica la creación de una Oficina Tributaria desde la que se "pueda acceder a la información de manera rápida y eficaz".
En su momento, el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, solicitó iniciar un debate en el Ayuntamiento ante el "agujero grande que se puede abrir en el Ayuntamiento" con esta medida y que, según cálculos de esta formación podría suponer una merma de unos 16 millones de euros (lejos de los 5 anunciados esta mañana por la responsable municipal de Hacienda).
Sugerencia del PP
En ese momento, fue el PP el que sugirió la creación de esa oficina destinada a que los ciudadanos afectados por esta medida pudieran realizar sus gestiones. La idea, según fuentes, era "adelantarse a los tiempos" de manera que se pudiera "prever el impacto de recursos que pueden acogerse a esta sentencia del Constitucional".
El fallo, además, tiene caracter retroactivo por lo que se podrán presentar recursos desde cuatro años atrás, es decir desde 2013, de ahí que el viceportavoz popular advirtiera de que "pudiera haber una avalancha de recursos para pedir la reclamación de un recurso injustamente recaudado".
