Durante los primeros 11 meses de vigencia del Plan Director por un Trabajo Digno (2018-2020), aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2018, un total de 3.598 contratos temporales se han transformado en indefinidos en Andalucía, lo que confirma el cumplimiento de los objetivos planteados en dicho documento por el Gobierno de España en la lucha contra la precariedad y por la mejora de la calidad en el empleo.
El Plan Director supone, desde las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la principal herramienta para hacer frente a los problemas más graves del mercado de trabajo y entronca con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente su Objetivo 8, relativo al Trabajo Decente. Además, es una de las Políticas Palanca del Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 aprobado por el Consejo de Ministros el día 29 de junio de 2018.
Haciendo un análisis de sus primeros 11 meses en vigor, desde agosto de 2018 a julio de 2019 han aflorado en Córdoba un total de 1.633 falsos autónomos –449 mujeres y 1184 hombres--.
El Plan Director se conforma por un conjunto de 75 medidas (55 operativas y 20 organizativas), además de dos planes de choque, una contra la temporalidad fraudulenta y otro contra los abusos en la contratación a tiempo parcial. Esto ha permitido que entre agosto de 2018 y julio de este año 836 contratos dejaron de ser parciales en Córdoba para ampliar su jornada, un 93,5% más que en el mismo período del año anterior. En cuanto al empleo aflorado, se regularizaron 1564 contratos, de los que 17 corresponden a infracciones con extranjeros y 1547 fueron altas en la Seguridad Social –654 mujeres y 893 hombres--.
Estos resultados se han conseguido gracias a las medidas de refuerzo de los recursos humanos contempladas en el Plan Director, con la incorporación de 833 nuevos inspectores y subinspectores en todo el territorio nacional, lo que supone un incremento estimado del 23% del total de la plantilla.
El impacto económico estimado del Plan Director por un Trabajo Digno es de 30 millones de euros durante su vigencia, lo que supone un incremento del 10% en los presupuestos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que estaban prácticamente congelados desde 2012.
El Plan Director se enmarca en la consecución de los objetivos estratégicos definidos por la Organización Internacional del Trabajo: la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social. Además, el Plan refuerza la garantía de sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales.
