La Asociación Pidetaxi Córdoba, mayoritaria en la ciudad, pues agrupa a casi 500 taxistas, ha expresado este lunes su respaldo a la moción, impulsada por el PSOE, que este martes se lleva al Pleno del Ayuntamiento de la capital cordobesa, para que no se concedan nuevas licencias a vehículos turismo con conductor (VTC).
Según ha informado Pidetaxi en un comunicado, "este tipo de vehículos, que han proliferado en toda España a raíz de la Ley Ómnibus de 2009, circulan al margen de toda clase de regulación y representan una amenaza para el sector del taxi, que da sustento a 100.000 familias, porque precariza las condiciones de trabajo de los profesionales y liquida las garantías de los usuarios".
La moción, firmada por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carmen González, insta al gobierno local de PSOE e IU a que "tome las medidas jurídicas necesarias para rechazar la concesión de nuevas licencias de VTC, así como a la defensa del sector del taxi, como servicio público que es".
En la proposición, que se debatirá este martes en el Pleno, se subraya la necesidad de estudiar la posibilidad de "personarse en los procedimientos contencioso administrativos en trámite en los que se esté produciendo la solicitud de autorizaciones de transporte para el arrendamiento de VTC".
Más de 900 licencias
Andalucía ha concedido hasta ahora 911 licencias para VTC, 29 de ellas en Córdoba y, según ha argumentado Pidetaxi, "un eventual incremento perjudicaría notablemente la ya excesiva ratio de taxis por habitante, además de otras distorsiones derivadas de la degradación de las condiciones de trabajo y la inseguridad tarifaria que representaría para los clientes".
Por eso, mediante la moción se busca instara a la Junta de Andalucía a consultar al Ayuntamiento de Córdoba antes de conceder nuevas licencias VTC y a atender sus consideraciones, "en defensa de una regulación justa y eficiente del servicio del taxi".
La moción alerta del riesgo que existe de "sustitución del servicio público del taxi por multinacionales privadas", lo que limitaría la capacidad municipal de regularlo en beneficio del interés general y redundaría en un "encarecimiento para los usuarios, aparte de ocasionar perjuicios económicos y laborales al colectivo de taxistas, generando una inseguridad jurídica en sus inversiones para obtener licencia".
