TRIBUNALES Y SUCESOS

Piden tres años de cárcel para un policía nacional acusado de revelar datos de investigaciones a terceros

El agente presuntamente no informó de un hombre que amenazaba de muerte a varias personas y que está acusado de tenencia ilícita de armas

Tribunales de Córdoba donde está la Audiencia Provincial
Tribunales de Córdoba donde está la Audiencia Provincial

La Fiscalía ha pedido penas de tres años de cárcel, inhabilitación durante 15 años y multas de 9.000 euros para un agente de la Policía Nacional, acusado de descubrimiento y revelación de secretos y omisión de perseguir delitos, tras supuestamente revelar datos de investigaciones a terceras personas al consultar en bases policiales. El juicio se prevé celebrar los días 17 y 18 de octubre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Igualmente, el fiscal ha solicitado una pena de dos años y seis meses de prisión para un hombre, por la supuesta comisión de un delito de tenencia ilícita de armas, y con quien el agente tuvo varias conversaciones en las que dicho varón presuntamente realizaba amenazas de muerte a varias personas, pero el policía "no comunicó tales hechos a autoridad policial o judicial alguna, ni realizó gestión alguna para evitar tales hechos". En un registro policial en su domicilio le encontraron un arma.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, el policía estaba destinado en la oficina de denuncias de la Plaza Judá Leví de la capital cordobesa y desde noviembre de 2013 a abril de 2014 ha realizado 126 consultas en las bases de datos informáticos de la Policía.

Sin autorización

Al respecto, el procesado está autorizado para acceder a dichas bases para todos los asuntos que tienen que ver con su puesto, pero "no está autorizado para recabar información sobre investigaciones policiales relacionadas con procedimientos judiciales o en las que no intervenga o tenga relación con su trabajo".

De este modo, "conociendo las limitaciones", el acusado presuntamente informó a personas investigadas por la Policía, "sabiendo el perjuicio que se deriva"; tuvo información para "realizar negocios particulares", o accedió a datos de personas implicadas como denunciantes o testigos, de manera que "consultó y se quedó con la información recabada en 33 ocasiones de los registros informáticos" de asuntos sobre sustancias estupefacientes, además de realizar otras 19 consultas sobre dicho tema y diez veces sobre familiares o conocidos.

En definitiva, el Ministerio Público detalla que del total de consultas realizadas por el procesado en el citado periodo, el 49 por ciento no tenía relación con su actividad profesional y el 41% tiene relación con investigaciones realizadas por la Policía por delitos contra la salud pública.