Cerca de 1.500 familias que han solicitado ayuda a los Servicios Sociales municipales, así como 455 expedientes abiertos de núcleos familiares que siguen en sus viviendas, son las buenas cifras presentadas esta mañana por el concejal de Servicios Sociales y responsable de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, Rafael del Castillo (IU), acompañado por Rocío López y Nuria Torres, del colectivo de Stop Desahucios, quienes han hecho una valoración del grado de cumplimiento de la moción impulsada por Stop Desahucios aprobada en febrero pasado y en la que se declaraba a Córdoba Ciudad Contra los Desahucios y por la Vivienda Digna.
Parte de los acuerdos de esa moción consistían en que había que crear una comisión de seguimiento en la que las reuniones fueran periódicas y, así, poder valorar el desarrollo de los puntos incluidos en su texto. La comisión se constituyó hace tres meses por la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), y se nombró presidente a Del Castillo.
Pues bien, según datos aportados por el delegado de Servicios Sociales, desde que se empezó a trabajar contra los desahucios han sido cerca de 1.500 familias las que han recurrido a este servicio que, a día de hoy, cuenta con 455 expedientes abiertos de familias que continúan en sus casas, haciendo un "balance positivo" desde que la moción fue aprobada hace casi seis meses.
"Somos conscientes de que queda mucho por hacer, y vamos a seguir trabajando hasta el máximo de nuestras posibilidades", ha apuntado Rafael del Castillo, quien ha recalcado que el "Ayuntamiento por sí solo no puede terminar con este drama, y es necesario legislar por parte del Gobierno central para que el derecho constitucional a una vivienda digna sea efectivo".
Además, ha añadido que, desde que se aprobó la moción, han trabajado en ambas líneas contra los desahucios para mediar con entidades financieras y agencias "para buscar alternativas a quien no las tiene".
Condiciones dignas de luz y agua
Del Castillo entiende que una vivienda digna debe reunir todas las condiciones de dignidad y recursos básicos, como son luz y agua entre otras. Por eso, han estado colaborando con la Empresa Municipal del Agua (Emacsa) para suministrar el famoso mínimo vital a las familias, haciendo hincapié en que no existe un servicio de "barra libre", sino que desde Servicios Sociales se decide la cantidad y se les enseñan a consumir civilizadamente.
Por otro lado, la valoración por parte del colectivo Stop Desahucios es también muy positiva. Sobre todo con la comunicación e integración que existe con el Ayuntamiento, ya que, según Rocío López, muestra "una sensibilidad en el afecto al derecho a la vivienda, demuestra receptividad a las propuestas y voluntad de comunicación regular con el colectivo".
Por último, ha señalado que hace falta la creación de una mesa en defensa de la vivienda "en la que formen parte todas las administraciones públicas y todas hagan lo máximo posible por esta causa, que es la causa de cualquier familia".
