Era, y sigue siendo, uno de los grandes proyectos de inversión del Gobierno central en Córdoba: una nueva comisaría para la Policía Nacional en sustitución del vetusto edificio de Campo Madre de Dios. Aquellas instalaciones se hallan en tan mal estado que ya no es posible una simple rehabilitación. Hay que demoler y construir de nuevo, con una inversión prevista entre obra y equipamiento superior a los 10 millones de euros. Pero el proyecto, largamente esperado, demandado -también por los propios agentes que tienen que trabajar en malas condiciones- y prometido, se ha visto de repente paralizado por una rocambolesca historia que se remonta a nuestro pasado más reciente y que ha sacado a la luz un hecho insólito: la Policía Nacional, la encargada de hacer cumplir la ley, levantó una comisaría ocupando unos terrenos que no eran suyos. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Para entender lo que ha ocurrido en Campo Madre de Dios hay que bucear en la historia. Hace más de 60 años, en enero de 1951, se crea la Mutualidad de Previsión Social de la Policía, bajo el patronazgo del Ministerio de la Gobernación, hoy del Interior, para dar respuesta a las demandas de los agentes y familiares de la Policía Armada, antecesor de la actual Policía Nacional. El organismo sigue existiendo con el mismo nombre (bajo el acrónimo Mupol) y es el actual propietario de la mayor parte de los terrenos de la Comisaría de Campo Madre de Dios.
Poco más tarde, en 1958, el Ayuntamiento de Córdoba cedió a Gobernación la parcela para construir la comisaría, pero al parecer al Ministerio le sobraba tanto terreno y devolvió al Consistorio cordobés 1.983 metros cuadrados de solar que se ha convertido en motivo de discordia. A su vez, y siempre según el relato que hace Mupol, la ciudad le entregó ese espacio sobrante a la mutua con la condición de construir 30 viviendas; jamás se hicieron.
¿Por qué no se construyeron las viviendas?
La razón por la que resultó fallido aquel proyecto de construcción de viviendas es clave en todo el proceso, ya que los representantes del Gobierno central apelan al incumplimiento de las condiciones de cesión para solicitar su reintegro al Ministerio de Interior. Así lo ha dicho el secretario de Estado de Seguridad, el cordobés José Antonio Nieto (PP), quien sostiene que los servicios jurídicos del Ministerio no tienen ninguna duda de que ganarían el caso en los tribunales.
Para Mupol, el asunto no está ni mucho menos claro. En primer lugar, porque la mutua siempre tuvo intención de construir aquellas viviendas, y si no lo hizo fue porque se lo impidió el propio Ministerio de la Gobernación. En 1959, Mupol invirtió 80.000 pesetas de entonces en vallar y pavimentar su parte de la parcela para empezar a levantar las casas. La cantidad era una pequeña fortuna, si se tiene en cuenta que una entrada de silla a un cine de verano de Córdoba, por ejemplo, costaba una peseta en ese mismo año. Justo entonces, el general inspector de la Policía Armada ordenó que se detuvieran las obras y que los terrenos pasaran a ser de uso y servicio del cuartel, "construyendo sobre dicho terreno, sin permiso de la mutualidad, talleres, garajes y estacionamiento en superficie" que aún hoy día existen, según el relato que hace a Córdoba Hoy la dirección de Mupol. Hablando en plata, la Policía ocupó los terrenos en una expropiación de facto sin compensación económica alguna.
Aquella tropelía urbanística sólo fue posible porque los mandos de la Policía Armada eran, entonces, los mismos que regentaban la mutualidad, "sin ninguna participación de los mutualistas en sus órganos de gobierno", asegura ahora la dirección de Mupol. No había nada que hacer, puesto que los mandos mandaban, valga la redundancia, tanto en la Policía como en la mutualidad. Hoy no es así, y Mupol goza de total independencia del Ministerio del Interior, con entidad jurídica propia.
Los mutualistas, propietarios de los terrenos, tuvieron que tragar durante años la "ocupación" de sus terrenos, pero no olvidaron el proyecto de las 30 viviendas. En 1992, con Herminio Trigo como alcalde del PCE, preguntaron a la Gerencia de Urbanismo sobre la opción de retomar el plan, y la respuesta fue tajante, tal y como consta en el documento que obra en poder de este medio: en la parcela de Campo Madre de Dios ya no se podían construir viviendas de acuerdo con el PGOU vigente -que databa de 1986-, tan sólo equipamientos. Era posible incluso levantar una iglesia, pero no las viviendas sociales de la mutua.
El Gobierno central se aferra al incumplimiento de las condiciones de cesión -es decir, la construcción de las 30 viviendas- para asegurar que llevaría la razón en un hipotético pleito, pero según Mupol aquella condición le fue negada primero por el Gobierno central y más tarde por el Ayuntamiento de Córdoba. Ambas instituciones conocen la situación real de la propiedad de los terrenos de Campo Madre de Dios desde hace décadas, tal como demuestran los documentos oficiales.
El silencio del Ministerio
Mupol, por su parte, ha intentado en varias ocasiones obtener una compensación por lo que considera "ocupación en precario". Así, a principios de los años 2000 -tras obtener la certificación del Registro de la Propiedad de Córdoba- se dirigió en más de una ocasión al Ministerio de Interior para abrir una negociación. Las demandas de Mupol, destinadas a la Dirección General de la Policía -dependiente del Ministerio-, tienen sello de entrada del propio organismo con fechas, al menos, de febrero de 2003 y abril de 2004. Es decir, en Interior conocen el problema con los terrenos de la Comisaría desde hace al menos 15 años. Por allí han pasado desde entonces gobiernos tanto del PSOE como del PP.
Es justo lo contrario de lo que ahora sostienen sus responsables políticos. José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, aseguraba el pasado 22 de diciembre en Córdoba que se acababa de conocer el problema con los terrenos, a pesar de las advertencias continuas de Mupol durante años. En Interior sólo se dieron cuenta cuando el proyecto entró en la fase de licitación, de acuerdo con las explicaciones de Nieto, que se desentiende de lo que haya ocurrido en su despacho antes de su llegada, hace apenas dos meses. "El resto de los años no lo sé", declaraba.
El portavoz de la comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, Rafael Merino (PP), exalcalde de Córdoba al igual que Nieto, abunda en el mismo relato. Ni él ni Nieto, ni tampoco su concejal de Urbanismo, Luis Martín, sabían nada de la propiedad de los terrenos de la Comisaría de Campo Madre de Dios hasta que Nieto lo anunció a finales del año pasado. Y ello a pesar de que en la Gerencia de Urbanismo consta un escrito de respuesta a Mupol fechado en 1992, tan sólo tres años antes de que Merino accediera a la Alcaldía.
A lo largo del último mes, y en su afán por defender la postura del Gobierno central, los populares han incurrido en contradicciones. Así, mientras Merino consideraba la semana pasada que es el Ayuntamiento quien debería recurrir a los tribunales para "retraer la cesión", Nieto reconoció ayer mismo que esa iniciativa corresponde al Ministerio. Ambos difieren también en los tiempos: el congresista ha dicho que un pleito sería "una cosa muy rápida", y Nieto estima que ello supondría entre dos y cuatro años "y para cuando eso ocurra, habremos perdido años".
El precio del solar
¿Y cuánto valen los terrenos que posee la mutua bajo la actual Comisaría? No es fácil de determinar, y menos aún cuando no se pueden urbanizar, pero Mupol posee una tasación de 2.668.000 euros fechada en el año 2004, cuando se le ofreció la parcela al Ministerio de Interior. Mupol estaba dispuesta a rebajar el precio en un 20 por ciento, hasta poco más de 2,1 millones, pero los responsables de Interior nunca contestaron.
Hoy los precios son muy diferentes a los de 2004, y los dirigentes de Mupol lo saben. "Estaríamos hablando de negociar sobre cantidades inferiores al 50% o 60% de ese valor", aseguran a Córdoba Hoy desde la mutua, lo que supondría una cifra en torno al millón de euros por la parcela de casi 2.000 metros que tienen en propiedad. La organización también está dispuesta a intercambiarla por un terreno de valor similar, oferta que se ha comunicado al Ministerio y que ha caído en saco roto. El Ministerio no destina fondos para comprar suelo, ha asegurado Nieto, pero en Mupol tienen claro que, "en ningún caso, podemos regalarlo como parece que pretenden".
