La Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales han acordado, en el seno del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (Caprl), la puesta en marcha de manera inminente de un plan de refuerzo para combatir en Córdoba la siniestralidad laboral tras el alza registrada el pasado año, asociada a diversos factores como el incremento de la actividad económica, la recuperación de sectores con riesgos intrínsecos más elevados o la precarización de las condiciones de trabajo.
Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, el plan tiene como objetivo "dar una respuesta específica e inmediata a determinados aspectos, hasta la formulación definitiva de la nueva Estrategia Andaluza de Seguridad en el Trabajo 2017-2022, cuya aprobación está prevista para el próximo mes de enero".
El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Manuel Carmona, ha explicado que el plan "se centrará de manera específica en sectores que han registrado en los últimos años una mayor incidencia de accidentes, así como en las empresas cordobesas que sufran accidentes de especial gravedad".
Entre la batería de acciones que recoge el plan, Carmona ha destacado la puesta en marcha del programa 'Alerta accidentes', en el que se integrarán de manera automática las empresas cordobesas que sufran un accidente mortal o más de uno de carácter grave y que conlleva la asistencia del personal técnico de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales para supervisar su situación preventiva y prestarles asesoramiento.
En este sentido, Carmona ha indicado que "el objetivo de este programa es evitar la reproducción de accidentes graves en estas empresas por no haber realizado una correcta investigación de accidentes previos o por no haber adoptado las correspondientes medidas de prevención".
Otras medidas son la puesta en marcha de acciones para reforzar la sensibilización sobre la prevención de accidentes en desplazamientos, tanto en jornada de trabajo como 'in itinere', que provocaron el pasado, según ha informado el responsable territorial, 753 accidentes, "lo que representa un diez por ciento del total de siniestros producidos durante el 2015, aunque ninguno de ellos supuso una víctima mortal".
De igual manera, se incidirá en la promoción de planes de movilidad y seguridad vial en las empresas y se supervisarán en determinados casos las investigaciones realizadas y la adopción de medidas preventivas.
Por otra parte, la Junta intensificará las actividades de control de las condiciones de trabajo que desarrolla el cuerpo de técnicos habilitados por la administración andaluza (para colaborar en las tareas de comprobación con la Inspección de Trabajo) en aquellos sectores económicos que han revelado una tendencia al alza de la siniestralidad, como las actividades agrícolas, las relacionadas con la fabricación e instalación de maquinaria, la construcción o las actividades relacionadas con la distribución y el transporte.
Por último, se ha acordado la puesta en marcha de un paquete de acciones específicas en relación a las enfermedad profesionales, de manera que se intensificarán las actividades de control sobre los centros de trabajo con casos más graves, con objeto de constatar la implantación de medidas de prevención eficientes que impidan la aparición de nuevos casos, y se potenciarán las labores de asesoramiento y sensibilización en este campo.
Como resultado también se someterá a un especial seguimiento a lo largo de este plan de refuerzo el aumento de la incidencia de patologías no traumáticas, como infartos o derrames cerebrales, ya que el número de accidentes mortales de este tipo se ha incrementado. El pasado año en Córdoba, las patologías no traumáticas fueron causantes del 55 por ciento de los accidentes mortales registrados en la provincia.
El Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales es el principal órgano de participación en materia de seguridad y salud en el trabajo de Andalucía, en el que trabajan de manera conjunta la administración andaluza y las principales organizaciones empresariales y sindicales, para el impulso y coordinación de las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
