GARANTIZADO EL PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS

La Junta atiende a 1.211 menores en situación de riesgo o desprotección en Córdoba

María Ángeles Luna firma con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes el convenio para su desarrollo en Córdoba, que cuenta con un total de 45 profesionales de la psicología, trabajo social y educación social

Riesgo de exclusión
photo_camera La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, con alcaldes de Puente Genil y Baena y representantes de los municipios mayores de 20.000 habitantes

La Junta de Andalucía garantiza el Programa de Tratamiento a Familias que atiende a 1.211 menores en situación de riesgo o desprotección en la provincia de Córdoba. Así lo ha puesto hoy de manifiesto la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, en la firma del convenio para el desarrollo de este programa con los municipios mayores de 20.000 habitantes. En total, se han suscrito ocho convenios con los ayuntamientos de Córdoba capital, Baena, Priego de Córdoba, Lucena, Puente Genil, Cabra, Montilla y Palma del Río. A estos convenios se sumará en breve la firma también con la Diputación Provincial.

Gracias a este acuerdo, el Programa de Tratamiento a Familias contará con una financiación de 2.665.316 euros, de los que la Junta de Andalucía aportará 1.776.120 euros. Según Luna, este convenio aporta “garantía y la estabilidad en la financiación de este programa, reforzando el respeto a la autonomía local”.Para ello, la financiación se realizará por transferencias corrientes. Por municipios, la Diputación Provincial contará con un total de 743.339,56 euros, el Ayuntamiento de Córdoba con 935.577,48 euros, Baena con 141.279,20 euros, Cabra con 124.468 euros, otros 137.668,71 euros para Lucena, Montilla 147.742 euros, 137.267,18 euros en Palma del Río, 118.408 para Priego de Córdoba y finalmente Puente Genil con 179.568 euros.

La delegada del ramo en Córdoba ha explicado que “este Programa consiste en proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación de desprotección que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los y las menores”. Para Luna, “la finalidad es preservar sus derechos y promover su desarrollo integral en su medio familiar, normalizando su situación, así como posibilitar su retorno a la familia de origen, en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los menores”.

Durante la firma de los convenios, la delegada ha destacado que con este Programa se persigue alcanzar objetivos muy concretos como mitigar los factores de riesgo, para evitar la separación del o la menor de su familia; capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos e hijas evitando cualquier conducta negligente o de maltrato, garantizando la seguridad y la integridad básica de los mismos; lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada, que los y las menores tengan una atención y cuidados acordes a sus necesidades, así como proporcionar a las familias las habilidades y recursos técnicos necesarios para superar la situación de crisis que dio lugar a la medida protectora.

Aumenta la financiación

Luna ha destacado que para este año aumenta la financiación destinada al desarrollo de este programa. Este incremento de la financiación viene motivado, según la delegada, por el “indudable compromiso de los alcaldes con la problemática de sus vecinos“. En este sentido, Luna ha señalado que la financiación de la Junta de Andalucía se mantiene estable, tal y como ha venido siendo los últimos años, y lo que varía es la aportación local que en municipios como Córdoba, Baena o Cabra prácticamente se duplica; en otros casos como Lucena, la inversión se multiplica por cuatro, en Montilla la aportación municipal se incrementa en un 97%, en Palma del Río también se incrementa en un 96% y en Puente Genil se mantiene. Aunque también hay excepciones, como Priego de Córdoba, donde no existe compromiso aportación municipal alguna.

La Junta destinará en el periodo de enero de 2016 a abril de 2017 cerca de1,8 millones de euros (el presupuesto total es de 2.665.316 euros) para financiar la actividad de los 15 Equipos de Tratamiento Familiar que funcionan en la provincia, integrados por 45 profesionales de la Psicología, el Trabajo Social y la Educación Social.

Equipos de Tratamiento Familiar

Los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) atienden cada año en Córdoba a más de 600 familias (610 en 2015) y unos 1.200 menores (1.211 en el pasado año). Los ETF “atienden principalmente a familias con carencias y dificultades en la cobertura de las necesidades básicas, cuya detección han realizado previamente los Servicios Sociales Comunitarios. Asimismo, trabajan ante la aparición de indicadores de riesgo que requieren tratamientos específicos”, según Luna.

Entre las finalidades de los profesionales se encuentra posibilitar el retorno del menor a la familia de origen, en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores. La labor preventiva de los equipos de tratamiento, realizada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años un descenso del 11% en el número total de tutelas de menores por parte de la Administración autonómica.

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha atendido a 1.211 menores pertenecientes a 610 familias durante 2015 a través de los Equipos de Tratamiento Familiar ubicados en los servicios sociales comunitarios de la Diputación Provincial y de los municipios de más de 20.000 habitantes (Baena, Cabra, Córdoba, Lucena, Montilla, Palma del Río, Priego de Córdoba y Puente Genil). Unos datos muy similares a los de 2014, cuando se atendieron a 1.199 menores de 600 familias.

En concreto, los equipos existentes en nuestra provincia trabajan con las familias que presentan situaciones de riesgo para los menores que forman parte de ellas, estableciendo planes de trabajo con ellos que permitan eliminar o mitigar esa situación problemática. Para ello, estos profesionales establecen un diagnóstico individual de cada núcleo familiar con el que se interviene, planifican las actuaciones para que se supere la situación conflictiva y realizan un seguimiento de los casos para garantizar el bienestar de los menores. De esta forma se logra mejorar la atención que las familias prestan a los niños y niñas, y se evita la adopción de medidas protectoras más severas como puede ser la separación de los menores de su familia biológica.

La media por Equipo de Tratamiento Familiar es de 40 familias, existiendo equipos que superan la media como Baena con 52 familias, Palma del Río con 56 familias y Puente Genil con 60 familias. Los Equipos con menor número de familias atendidas son los de Priego de Córdoba, Cabra y Lucena (38 respectivamente), Montilla (33), Diputación con 34 y Córdoba con 39.

Perfil de las familias

De acuerdo con los datos de 2015, cuando se atendió a 610 familias y 1.211 menores, el perfil de éstas se corresponde con el de familias biparentales en un 32,19% (188 familias) de los casos, monoparentales  formadas por la madre en un 42,63% (249), reconstituidas en un 15,58% (91 familias) pareja adulta con un hijo de relación anterior y en otras situaciones un 9,58% (56 familias).

Respecto a los factores de riesgo detectados el más común es la negligencia o abandono físico (36,32%), seguido de maltrato psicológico o emocional y abandono psicológico (29,19%) y el maltrato físico (8,36%). Otros tipos de maltrato como abuso, corrupción (26,13%).

Por otro lado, la Junta ha publicado recientemente un nuevo Decreto para regular y gestionar este Programa de Tratamiento a Familias con menores en situación de riesgo o desprotección. De esta manera se da rango normativo a un modelo de atención consolidado en los últimos 15 años, aunque modificando su sistema de financiación para hacerlo más estable (se sustituye el mecanismo de subvenciones por otro de transferencias) y garantizar el respeto a la autonomía local.

Además del modelo de financiación, el decreto introduce también como novedad que los Equipos de Tratamiento Familiar deberán abordar de forma específica la problemática de la violencia familiar en los casos en los que hayan intervenido. Igualmente, colaborarán con los centros de atención a inmigrantes cuando haya menores en situación de riesgo o desprotección familiar, a través de protocolos de cooperación.