URBANISMO

La Junta asegura que está para "ayudar" y "advertir" sobre Rabanales 21

La delegada del Gobierno, Rafael Crespín, recuerda que la tramitación del proyecto "se inició en el mandato del PP, ignorando la legalidad"

Rabanales 21
photo_camera Un edificio del Parque Tecnológico Rabanales 21.

La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, se ha referido este jueves al cambio de uso que en el planeamiento urbanístico de la capital cordobesa se pretende para Rabanales 21 y ha subrayado que en este asunto la Junta de Andalucía interviene para "ayudar" al Ayuntamiento de Córdoba y para "advertir" que lo que se pretende, tal y como ahora se plantea, va en contra del propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. La intención es construir una gran superficie comercial en el Parque Tecnológico Rabanales 21, un uso que actualmente no está permitido por el PGOU, lo que ha motivado un informe en contra de la Junta de Andalucía.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Crespín ha explicado que "a la Junta cada vez que le ha llegado algún tipo de expediente para informar", como es el caso, ha emitido su informe, que en este caso es "preceptivo y no vinculante", haciéndolo "acorde a la Ley y rápido", advirtiendo, respecto al proyecto municipal de permitir un nuevo uso (comercial) del suelo en Rabanales 21, que "el propio PGOU de la ciudad no permite el desarrollo de ese proyecto en esa zona".

Crespín ha señalado que el Grupo Municipal del PP, tal y como ya ha indicado la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, quiere ahora que se dé por buena "la tramitación de una innovación (del PGOU) que se inició en su mandato (municipal), ignorando la legalidad", poniendo ahora "al actual equipo de gobierno (de PSOE e IU) en la tesitura de aprobar indebidamente, sin estar conforme a la legalidad", un nuevo planeamiento para Rabanales 21.

Por eso, la delegada ha hecho un llamamiento para hacer las cosas "bien" y para "resolver lo que tengamos que resolver", con el fin de hacer posible el proyecto que, "legítimamente, se ha propuesto el Ayuntamiento", y en este contexto la Junta "está aquí para ayudar y para advertir, pero, sobre todo, para ser garante" de la legalidad.

Crespín ha dicho entender que el procedimiento legal establecido puede ser "lento y que, a veces, conlleva mucha complejidad", pero las administraciones públicas son las primeras que han de cumplir "las propias normas de las que nos dotamos" y procurar que éstas "sean lo más justas posibles para todos", teniendo todos, según ha insistido, "la obligación de cumplirlas".

Críticas del PP

El PP, por su parte, ha respondido a la respuesta pública hecha ayer por la Junta de Andalucía respecto al caso, en la que abundaba en los problemas del proyecto y ponderaba su papel como garante de las normas urbanísticas. Los populares critican, según el viceportavoz en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, que esa respuesta se haya hecho de manera anónima: "¿Quién es la Junta de Andalucía para amenazar al Ayuntamiento? ¿Nadie quiere dar la cara aquí?".

La Administración autonómica le reprocha al PP que sacara adelante el proyecto sin tener en cuenta que el PGOU impedía el uso comercial, ya que el plan de gran superficie data del anterior gobierno municipal popular. Sin embargo, para Fuentes el "despropósito" es de la Junta de Andalucía, puesto que forma parte de la dirección del parque y "fue el PSOE quien lo aprobó en 2016". Además, el equipo de gobierno de IU y PSOE "han tenido un año y medio para negociar" una solución al conflicto. "¿No se dan cuenta de que los promotores pueden pedir daños y perjuicios?", se ha preguntado Fuentes refiriéndose a la posibilidad de que el proyecto quede definitivamente bloqueado en los despachos.