URBANISMO

La Junta acusa al PP de "desprecio absoluto" al PGOU por Rabanales Plaza

La administración autonómica asegura que los trámites para normalizar la situación urbanística del proyecto conllevarán mucho más de un mes de trabajo

Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO)
photo_camera Vista aérea del campus de Rabanales.

La Junta de Andalucía ha expresado públicamente por primera vez su postura ante el proyecto de centro comercial en el Parque Rabanales 21, actualmente paralizado por un informe urbanístico obligatorio (pero no vinculante) elaborado por la propia administración autonómica. En un comunicado de prensa, la Junta de Andalucía sostiene que la culpa del bloqueo del proyecto es del anterior gobierno del PP, que aprobó el plan con unos usos (el comercial) que no estaban permitidos por el PGOU.

En su nota, la administración autonómica sostiene que "si hay algún responsable de la situación en la que se encuentra el proyecto es el mismo Partido Popular, que aprobó inicialmente la modificación con desprecio absoluto a la normativa de aplicación que no es otra que el propio PGOU de la ciudad, que debería conocer perfectamente".

La Junta recuerda que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas. Aunque el mencionado informe no es vinculante, realiza una advertencia para que el órgano competente, la Gerencia de Urbanismo, apruebe el proyecto "sin que se produzcan vulneraciones de la legislación urbanística aplicable". Todo lo apuntado en el documento, prosigue, es "subsanable" y la Gerencia ya está trabajando en ello.

Sin embargo, los plazos para subsanar los defectos del proyecto de centro comercial en Rabanales 21 no son, "en modo alguno", los indicados por el PP, que asegura que se podría modificar en un mes. Los trámites suponen "la apertura de un expediente de modificación del artículo del PGOU que imposibilita dicho uso; artículo que hasta ahora ni siquiera se había nombrado, hasta el informe de la Junta de Andalucía. Una modificación de un planeamiento, aunque solo sea por el trámite de información pública, ya conlleva mas de un mes de plazo, mas los informes sectoriales y acuerdos de aprobación".

Es decir, que la subsanación de los inconvenientes urbanísticos supondría un retraso de varios meses en el mejor de los casos. Además, el mencionado informe también apunta que la empresa promotora debe realizar un informe de evaluación ambiental, aunque el PP considera que no es necesario.