En la cuarta sesión del juicio que se sigue en el juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba sobre la fiscalización tributaria de las empresas de Rafael Gómez, se ha producido un debate entre los cinco funcionarios de Hacienda que han trabajado en los informes en los que se apoya la Fiscalía y los abogados y economista propuestos por la defensa del empresario: los peritos de la Agencia Tributaria han declarado que hubo "ocultación" y "una interpretación torticera o desviada de la ley tributaria" mientras que los expertos de la parte de la familia Gómez defiende la legalidad de todas las operaciones empresariales.
Los cinco inspectores de Hacienda que han declarado hoy han ratificado sus informes en los que determinan que la principal anomalía de gestión empresarial fue la existencia de operaciones intragrupo que no están debidamente soportadas en documentos contractuales, que presentan divergencias relevantes entre los destinos teóricos y los reales y deslocalizan rentas y patrimonios entre los grupos empresariales.
Todo ello, mediante mecanismos financieros puestos como por ejemplo la existencia de gastos administrativos que no estaban contabilizados, todo lo cual "pone de manifiesto una conducta defraudataria" por parte de las sociedades del grupo que "al margen de que pretendiera ocultar o disimular, se trató de una aplicación ventajosa de la ley tributaria".
En el pormenorizado análisis de los hechos supuestamente delictivos, los peritos de Hacienda han realizado una clasificación en su investigación, a propuesta de Fiscalía, como de "ocultación", aplicación manifiestamente incorrecta o desviada de las obligaciones tributarias así como de interpretación "discutible". En estos apartados han ido categorizando las cuentas y fiscalización económica de las sociedades, fundamentalmente dedicadas a la promoción inmobiliaria de Rafael Gómez y su familia.
Por su parte, el Ministerio Fiscal ha rebajado los delitos por los que pide cárcel para Gómez y sus hijos; al retirar la acusación sobre el impago del impuesto de sociedades de Arenal 2000 de inversiones del año 2005, lo que deja la cantidad supuestamente defraudada a Hacienda en unos 60 millones de euros (la rebaja es de 5,8 millones), supondría, que la petición de cárcel para Gómez quedaría en 40 años (en vez de los 44 iniciales) y para sus hijos en 18 años y tres meses (en lugar de los 22 de las primeras conclusiones).
